El sindicato educativo ANPE en Castilla y León denunció este lunes un aumento de casos en el defensor del menor y reclamó, en consecuencia, la aceleración de los protocolos de protección. Así lo expresó hoy la defensora del profesor en la Comunidad, María José Martín, responsable de este servicio exclusivo de la organización sindical, quien presentó el informe del presente curso donde se refleja la atención a un total de 59 casos. El dato supone un incremento del 36 por ciento respecto al pasado curso, marcado por la falta de presencial, y un descenso del 27 por ciento respecto al ejercicio 2018-2019.

Según explicó Martín durante su comparecencia de hoy en la sede salmantina, el defensor del profesor pretende proporcionar atención "inmediata y gratuita" a todos aquellos docentes que viven situaciones de conflictividad y violencia en el ámbito educativo, su ámbito profesional. Creado 2005, como primera medida de apoyo ante "la indefensión del profesorado" y como "llamada de atención" sobre la problemática de la violencia escolar, ha atendido desde entonces más de 40.500 caso a nivel nacional.

La defensora del profesor reconoció, en compañía de la presidenta de ANPE CyL, Pilar Gredilla, y el vicepresidente autonómico y presidente provincial de Salamanca, Nicolás Ávila, que el informe realizado con los datos de los últimos 12 meses está "condicionado" por la situación derivada de la pandemia, en especial, el descenso de casos del pasado curso debido fundamentalmente a la teleformación. Así, el "notable aumento de casos" con respecto al curso anterior es, en sus palabras, "debido básicamente a la vuelta a la presencialidad en las aulas".

Por etapas educativas, de las 59 intervenciones, se efectuaron en el 5,08 por ciento de los casos en Educación Infantil, el 32,20 por ciento en Educación Primaria, el 38,99 por ciento en Educación Secundaria, el 5,08 por ciento en Formación Profesional Básica y el 3,39 por ciento en otros servicios. No hubo casos atendidos en ciclos formativos. "Durante este curso, la mayoría de los casos atendidos se centran en la Educación Secundaria, que ha sufrido un considerable aumento de los mismos con respecto a cursos anteriores", señaló Martín.

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, el sindicato subrayó tres grandes bloques en los que centra su intervención intervención: los relativos a alumnos, los derivados de padres y aquellos que se producen fruto de la interacción entre compañeros, o bien con la Administración, la Inspección o los equipos directivos. Así, el 52,5 por ciento de los casos se dan en la relación directa con el alumnado, el 30,5 por ciento con los padres, y el 17 por ciento en el apartado otros. "Es conveniente señalar que el ámbito escolar es un escenario de interacciones múltiples, y si bien, hemos tratado de recoger los resultados centrándonos en la fuente principal de conflicto en la mayoría de los casos acaban trascendiendo al resto. Esto se pone especialmente de manifiesto en los resultados obtenidos en el apartado otros", matizó la defensora del menor.

Los casos relativos a situaciones conflictivas derivadas de los alumnos, que suponen el 52,5 por ciento del total, reflejan, como situaciones de conflictividad "más frecuentes" las amenazas con un 11,86 por ciento, seguidas por los daños a la propiedad del profesorado, con un 10,17 por ciento y las situaciones de acoso y agresiones físicas al profesorado, en un 8,47 por ciento, respectivamente. Además, se produjo un 5,08 por ciento de casos de cyberbulling, un 3,39 por ciento de casos de faltas de respeto, así como conductas agresivas entre alumnos. "De los casos atendidos, el menor de los problemas ha sido la dificultad en la propia práctica docente, con un 1,69 por ciento. De este análisis, se desprende la preocupación ante casos de amenazas, agresiones físicas, así como daños contra la propiedad privada", agregó.

Atendiendo a los problemas relacionados con los padres de los alumnos, ANPE señaló que suponen un 30.5 por ciento del total de las intervenciones realizadas. Las situaciones de acoso y la presión por las notas son la problemática "más acusada", con el 8,47 por ciento en ambos casos, siguiéndole de cerca las falsas acusaciones que suponen el 6,78 por ciento del total. Otras situaciones problemáticas suponen el ciberacoso, las agresiones físicas al profesorado, denuncias y faltas de respeto, el 1.69 pro ciento en cada uno de los casos. En relación con los problemas surgidos en el propio entorno laboral, suponen un 17 por ciento del total de las actuaciones llevadas a cabo.

Análisis por provincias

El análisis de actuaciones por provincias arrojó que, de las 59 intervenciones llevadas a cabo en la Comunidad, el 28,81 por ciento se realizaron en Burgos, el 13,56 por ciento en Palencia y Segovia, respectivamente, el 10,17 por ciento en León y Valladolid, el 8,47 por ciento en Salamanca, el 6,78 por ciento en Ávila y Zamora y el 1,69 por ciento en Soria.

Atendiendo a la evolución de la salud del profesorado como consecuencia del desempeño de la función docente, ANPE destacó que durante el curso 2020-2021 se produjo un aumento "notable" de casos de depresión, así como de bajas médicas. De los casos atendidos, un 74,58 por ciento refieren cuadros de ansiedad un 8,47 por ciento depresión, y un 28,81 por ciento finalizan en baja médica. "No podemos obviar que la salud mental del docente es crucial no sólo en su individualidad, sino también para garantizar una educación de calidad. Las bajas laborales suponen costes adicionales para la Administración, así como modificaciones en la trayectoria formativa del alumnado", advirtió María José Martín.

Además, según se desprende del informe, en la mayoría de los casos, se trata de profesorado de la enseñanza pública, que en algún momento a lo largo de su trayectoria laboral ha sufrido situaciones "incompatibles con la convivencia escolar" e "inaceptables en una profesión de estas características y dimensiones".

Reivindicaciones

Entra las propuestas de mejora realizadas por ANPE, figura el conocimiento y aplicación de la normativa existente en la Comunidad para la mejora de la convivencia, así como la actualización y cumplimiento de los decretos y planes de convivencia y los reglamentos de los centros. "Especialmente en todo lo relativo al uso de redes sociales y formación telemática", afirmó la defensora del profesor.

De igual manera, el sindicato reclamó el desarrollo de programas de prevención de acoso escolar que contemplen la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz y efectiva de los problemas de convivencia en los centros educativos. También un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar, una adecuada asistencia jurídica y psicológica gratuita para docentes agredidos y el compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.

Por otro lado, destacaron la importancia del reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales, así como la implicación de familias y asociaciones de padres en actividades que favorezcan un "adecuado clima escolar".