Un total de 2.110 personas han perdido la vida en lo que va de año en Castilla y León en las listas de espera de la dependencia, según datos del Ministerio de Derechos Sociales a través del Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD), y recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, informa Ical.
De ellos, 1.055 corresponde a personas fallecidas en lista de espera, como solicitantes, mientras que 974 han fallecido pendientes de valoración. Los otros 81 fallecidos de Castilla y León se han producido en el conocido como “limbo de la dependencia”. Es decir, aquellas personas a las que se les ha reconocido algún grado o derecho a prestación o servicio, pero que no se le ha abonado a pesar de tener el derecho reconocido. En este sentido, Castilla y León es la comunidad que menos porcentaje presenta en este aspecto, “en torno al 1 por ciento, mientras que la media nacional se sitúa en el 19 por ciento”, ha destacado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.
“Ha habido muchos más fallecidos pendientes de ser valorados porque los valoradores no han podido ir a las casas a valorar a los dependientes”, explican, lo que sitúa la cifra en 1.055 personas que, junto a los 974 fallecidos pendientes de valoración, deja el número en 2.110 personas fallecidas.
En el conjunto del país, en los primeros seis meses del año, 32.035 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (20.413 dependientes con derecho y 11.622 pendientes de valorar). 176 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley, denuncian desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Pero además de los muertos en las listas de espera de la dependencia, entre los meses de marzo, abril y mayo, Castilla y León ha registrado un exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia del 72,4 por ciento, “con 2.839 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado”, según recoge el sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España.
Del mismo modo, el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo, abril y mayo de 2020 en Castilla y León fue del 80,9 por ciento, con 2.529 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado.
Es por eso que desde esta organización consideran “preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”, e instan al Gobierno a incrementar de manera urgente y sin esperar a los presupuestos generales del Estado la financiación de la Dependencia. “El escudo social no protege a los dependientes” dicen, y denuncian que el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado “ni en un solo euro” la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, por lo que “se está abandonando sin atenciones a las 392.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento”.
Por su parte, llaman la atención de los ejecutivos autonómicos para “acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos, y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones”.