La Junta de Castilla y León prevé que las obras de construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Segovia se liciten en septiembre, para que se puedan retomar en enero del próximo año, una vez que el Consejo se Gobierno acordó hoy la resolución del contrato suscrito con la UTE (Unión Temporal de Empresas) que se encargaba de este proyecto.

En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la titular de Educación, Rocío Lucas, precisó que una vez adoptada la rescisión del contrato y, si la empresa no recurre este acto, se iniciarán los pasos para poder licitar la continuación de las obras en el mes de septiembre, con el objetivo de que los trabajos se reinicien en enero.

La consejera se refirió a uno de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno y del que informó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. Con esta decisión, la Administración autonómica zanja el contrato como consecuencia de un incumplimiento del contratista por la demora en el cumplimiento de los plazos parciales establecidos y por un “retraso injustificado” por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluida su ampliación.

En un comunicado, recogido por Ical, la Junta explicó que en agosto de 2018 autorizó la construcción de un edificio para ciclos formativos en el nuevo Instituto de Educación Secundaria de Segovia. Ese acuerdo se formalizó, el 25 de marzo de 2019, por la Consejería de Educación y la UTE Edificio I.E.S. Segovia, por un importe de 6,05 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, que tuvo lugar el 25 de abril de 2019.

Dos años más tarde, concretamente el 22 de enero pasado, la Administración autonómica inició la resolución de dicho contrato como consecuencia de un incumplimiento del contratista. Este consiste en una demora en el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo para su ejecución y en un retraso injustificado sobre dicho programa por un plazo superior a un tercio del plazo de duración del contrato. Asimismo, se han realizado varios requerimientos formales que no han sido atendidos y la actividad en la obra fue cesada totalmente.

La Administración, con el objetivo de permitir la ejecución del contrato, amplió en seis meses del plazo de ejecución, resultando un plazo total de 24 meses. A pesar de ello, en noviembre de 2020, transcurridos 19 meses desde el inicio de las obras, el volumen del proyecto ejecutado no superaba el 5,65 por ciento sobre el volumen total, lo cual “pone de manifiesto la existencia no de un simple retraso, sino de una pasividad por parte del contratista y de un incumplimiento culpable”.

Conforme dispone el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Junta realiza el trámite de audiencia al contratista y a las entidades avalistas. Así, la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa rechazó las presentadas como consecuencia de la plena aceptación de los informes elaborados por los servicios técnicos de la Administración contratante y por el director de obra.

De este modo, se deberá incautar las garantías definitivas constituidas por el contratista, además de indemnizar a la Consejería de Educación por los daños y perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de dichas garantías, y proceder a la liquidación de las obras realizadas.