El principal acusado, un empresario segoviano, ha reconocido que entre 2009 y 2012 realizó 77 contratos laborales – fundamentalmente a marroquíes- a través de una empresa de construcción en disolución, que en su mayoría no llevaron aparejados ningún tipo de labor. Según sus propias palabras ‘daba de alta a los trabajadores para que éstos obtuvieran los papeles’ y previa petición de este favor por parte de los mismos. La Fiscalía le considera autor de un delito continuado de estafa y fraude a la seguridad social y cooperador necesario para otro de falsedad documental, por lo que inicialmente pide para él tres años y medio de prisión, pena que podría rebajarse tras reconocer los hechos. Mientras para el resto de acusados de este macrojuicio, los dos intermediarios que facilitaban las gestiones y las 47 personas que se beneficiaron de estos contratos - de los que han declarado 37 -se piden penas de un año de prisión y diferentes multas por delitos de falsedad de documento público. Lo defraudado supera el millón de euros.