Con unos meses de retraso por culpa de la pandemia, ya se encuentra en funcionamiento el nuevo Juzgado de lo Penal de Segovia, que satisface «una reivindicación histórica del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León», según ha destacado su presidente, José Luis Concepción, testigo a lo largo de la última década del más de un millar de juicios pendientes de señalamiento que llegó a acumular el único órgano de este tipo que existía en Segovia hasta hace unos días. El Juzgado de lo Penal número dos inicia su actividad con el reto de dar continuidad al trabajo de ‘descongestión’ llevado a cabo desde 2016 por los funcionarios de refuerzo que ese año aprobó destinar el Consejo General del Poder Judicial.
Según los últimos datos oficiales publicados hasta el momento, que corresponden al segundo trimestre de este 2020, el Juzgado de lo Penal tenía 99 asuntos pendientes de tramitar. En ese periodo, marcado por el estado de alarma y el confinamiento, ingresó 17 procedimientos y resolvió 15 pero ya arrastraba 97. Nada comparado en cualquier caso con los 644 que muestran sus estadísticas de finales de 2013, recordadas ahora por el presidente del TSJ. Concepción también ha puesto el acento en las 1.700 sentencias pendientes de ejecutar que llegó a tener este órgano de lo penal.
«¿Qué hubiera sucedido si una de estas ejecutorias hubiera dado lugar a que un condenado que hubiera tenido que entrar en prisión no lo hubiera hecho por falta de medios y hubiera cometido un delito más grave que aquel por el que estaba condenado? ¿A quién le hubiera atribuido las responsabilidades?», se preguntaba al dar la bienvenida al nuevo juzgado, que aún carece de juez titular pero que ya ha obligado a ejecutar la reorganización de sedes prevista desde que el Consejo de Ministros del 12 de abril de 2019 dio luz verde por fin a su creación.
Sus funcionarios se han instalado en las oficinas de la calle Fernán García hasta ahora ocupadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6. Este se ha trasladado a su vez a las dependencias del Palacio de Justicia, donde en los últimos meses se han ejecutado obras para ampliar el espacio disponible. Lo que hasta ahora era la residencia del fiscal jefe y parte de la vivienda reservada al presidente de la Audiencia Provincial se ha remodelado para habilitar nuevos despachos. Unos trabajos en los que también ha sido necesario mejorar su accesibilidad y que han permitido dotar a estas instalaciones de la calle San Agustín de una tercera sala de vistas. «Es pequeña pero coqueta y lo importante es que va a permitir desahogar un poco la agenda diaria de juicios», subraya el decano del Colegio de Abogados, Julián Sanz Gómez, quien también celebra por todo lo alto la reciente puesta en marcha del segundo Juzgado de lo Penal.
Aunque menos dramático que el presidente del TSJ, apunta que el atasco en la ejecución de sentencias acumulado durante años «puede haber provocado que hayan prescrito condenas». «Pero hablamos siempre de delitos leves que conllevaban multas o la prestación de servicios comunitarios», aclara el decano del Colegio de Abogados. A lo largo de todo 2019, el Juzgado de lo Penal de Segovia recibió 380 asuntos –más de uno al día– y consiguió resolver 476. Dictó el mismo número de sentencias y 690 decretos y ordenó ejecutar 1.009 sentencias. En el debe, las 1.315 que quedaron en trámite al final del periodo y los 124 asuntos que tampoco pudo resolver.
«Se ha hecho una extraordinaria labor en los últimos tiempos con la ayuda de la juez de Menores», remarca el decano del Colegio de Abogados. «En los últimos cinco o seis años es un juzgado que ha estado reforzado y solo el esfuerzo del titular último y de las dos jueces de menores, Eva Saavedra y Marta Gandullo, que han estado reforzándolo, ha sido posible actualizarlo y ponerlo al día», abunda el presidente del TSJ, quien no olvida que «muchas han sido las visicitudes y preocupaciones pasadas por quien ahora habla y por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia en relación con un juzgado que hace ocho o diez años padecía una pendencia de 1.100 juicios pendientes de señalar y 1.700 ejecutorias pendientes de resolver».
Pero esta concesión del Ministerio de Justicia no ha saciado a Concepción. Ha acusado al Gobierno de «dejadez» y de «desatender reiteradamente las pretensiones que desde los tribunales superiores de Justicia se le dirigen». Las cuatro plazas judiciales cuya creación ha anunciado el Ejecutivo para Castilla y León le parecen insuficientes y, en su opinión, ni siquiera son las más urgentes. La carga de trabajo es «superior a la deseable si queremos una Justicia eficaz, ágil y eficiente para que el ciudadano, verdadero destinatario de nuestro trabajo, salga beneficiado», según señala. Entre las peticiones que ha formulado para la región figuran, en el caso de Segovia, la incorporación de un cuarto magistrado a la Audiencia Provincial («Lleva con tres desde el siglo XIX», ha hecho hincapié) y la creación de un segundo Juzgado de lo Social que ayude a paliar la previsible avalancha de asuntos provocada por la crisis generada por la pandemia.
De momento la única realidad palpable es el Juzgado de lo Penal número dos, que ha supuesto un alivio tras años de intensa lucha. «Hemos reclamado, hemos denunciado en todo momento estas situaciones que hoy llegan a su fin», concluye el presidente del TSJ.