Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias, las comunidades autónomas que integran el conocido como 'grupo de los ocho', firmaron hoy en Santiago de Compostela una declaración institucional conjunta en la que defienden que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios que se prestan, así como otras variables demográficas como la superficie, la dispersión de la población o el envejecimiento, que sirvan para poner freno al problema de la despoblación. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, resumió la postura de los participantes al reclamar que "todas las personas deben recibir los mismos servicios, vivan donde vivan".

Al respecto, el presidente de Castilla y León señaló que esta Declaración de Santiago, integrada por 35 puntos, supone una "apuesta clara por el estado de las autonomías" y pretende "poner a los desafíos demográficos en el centro del debate".

En ese sentido, Mañueco consideró imprescindible que los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, lleguen a todos los territorios de la mano de una financiación "suficiente" que garantice la igualdad y la cohesión territorial "por encima de ideologías". "Nos jugamos mucho", apuntó el presidente de la Junta, que consideró que las "propuestas constructivas" planteadas hoy suponen "un paso al frente para mejorar el estado de las autonomías".

En la misma línea, Mañueco apeló a la lealtad para "lograr consensos multilaterales" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y reclamó un "esfuerzo" al resto del país para hacer frente a la realidad de que "el coste de los servicios no es igual en todos los territorios". Como ejemplo, citó el caso de Castilla y León, que acumula el cinco por ciento de la población española pero cuenta en su territorio con el 38 por ciento de los consultorios médicos rurales, el 17 por ciento de las carreteras autonómicas del Estado o el 18 por ciento de la superficie forestal.

Además de los 35 puntos que componen la declaración, el documento incorpora una adenda en apoyo a la ganadería extensiva, en la que reclaman al Gobierno que "recupere los espacios de consenso y diálogo" en lo relativo a la gestión y conservación del lobo. La adenda no cuenta con las firmas de La Rioja ni de Extremadura.