El Consejo de Cuentas insta a los ayuntamientos a contar con la normativa propia que corresponda en materia de contaminación atmosférica, lumínica, acústica y de recogida de residuos en desarrollo de la legislación estatal y autonómica, así como a ejercitar sus potestades de inspección y control sobre los distintos tipos de contaminación.

El órgano fiscalizador entregó hoy en las Cortes, tras su aprobación en sesión plenaria, el informe 'Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la comunidad autónoma de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas', correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones 2018.

Se trata de una fiscalización combinada, de cumplimiento y operativa, sobre las actuaciones de los 23 ayuntamientos de Castilla y León con población superior a 10.000 habitantes. De ellos, 18 tienen un área de medio ambiente, pero 13 se han adherido a protocolos internacionales de referencia y únicamente 6 cuentan con una política medioambiental aprobada, según informa Cuentas.

En planificación medioambiental, hay cinco ayuntamientos que no se han sumado a ninguna agrupación de municipios con objetivos medioambientales. Con respecto a la adhesión a compromisos internacionales, 13 han formalizado la Carta Aalborg (ciudades europeas hacia la sostenibilidad) y se han adherido al desarrollo de la Agenda 21 Local. Entre los que no han suscrito ninguna de ellas figuran tres capitales (Ávila, Segovia y Zamora).

Tan sólo seis ayuntamientos (Ponferrada, Palencia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Soria y Valladolid) cuentan con una política medioambiental aprobada y únicamente cinco tienen un sistema de gestión medioambiental en su organización interna, si bien no para toda la entidad sino únicamente para determinadas áreas.

Todos los ayuntamientos han aprobado diferente normativa relacionada con el medio ambiente. Destacan las ordenanzas de limpieza y recogida de basuras, ruidos y vibraciones, suministro y saneamiento de aguas y tenencia de animales de compañía. Por otra parte, todos los ayuntamientos perciben ingresos derivados de actividades con incidencia medioambiental, en su mayoría mediante una tasa.

Un total de nueve ayuntamientos ha acreditado la realización de actuaciones de vigilancia e inspección en materia medioambiental. Predominan las relacionadas con la contaminación acústica, los residuos, la suciedad y los vertidos. Los ayuntamientos de Valladolid y Benavente cuentan con trabajadores específicamente dedicados a estas tareas.

En relación a ayudas y subvenciones, si bien la mayoría de los ayuntamientos tiene previsto en sus ordenanzas fiscales la concesión de beneficios fiscales, destacan los concedidos en Valladolid y Burgos por la utilización de energías renovables y vehículos menos contaminantes.

El mayor gasto realizado por los ayuntamientos en materia medioambiental, por 42,4 millones de euros, deriva de la Agenda 21 Local, si bien solo es imputable, principalmente, a los ayuntamientos de Valladolid y Palencia. En la ejecución presupuestaria por grupos de programas relacionados con el medioambiente, el mayor gasto corresponde a limpieza viaria (64,5 millones), parques y jardines (44 millones), gestión de residuos (41 millones) y gestión del agua (18,7 millones).