El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid investiga por un delito de "prevaricación administrativa" por la vía penal al Servicio Público de Empleo (Ecyl) y a determinadas entidades de formación como consecuencia de la gestión de los programas de subvenciones públicas de los años 2014 a 2019 para la financiación de la oferta de Formación Profesional para el Empleo. Además, la sala de lo Contencioso-Administrativo analiza otras cuatro líneas concretas de ayuda vinculadas a las bases reguladoras o convocatorias de subvenciones de políticas activas de empleo.
Así lo explicó hoy durante su comparecencia en la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes la gerente del Ecyl, Milagros Sigüenza, quien acudió a petición del Grupo Ciudadanos. En ella, explicó que el expediente que se encuentra en la vía penal, cuya denuncia corresponde al Ministerio Fiscal, se refiere a programas dirigidos a trabajadores desempleados y ocupados, así como a la línea de subvención de orientación, formación e inserción (OFI).
A juicio de la gerente, estos recursos suponen una cifra “especialmente escasa”, dado que el Ecyl tiene más de 70 líneas de subvenciones. Continuó que, en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo, se encuentran a la espera de sentencia las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), y en concreto lo relativo a los criterios de valoración sobre la experiencia formativa y los recursos humanos de las entidades solicitantes de la subvención; las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo; y las del programa de formación para desempleados (FOD) para los años 2019 y 2020.
En todo caso, destacó la “escasa litigiosidad” del Ecyl, tanto en vía administrativa como contenciosa. A modo de ejemplo, citó que en 2018 (último año con la memoria de actuaciones ya cerrada), se dictaron 11.434 resoluciones administrativas susceptibles de recurso en materia de formación profesional para el empleo. De ellas, se presentaron 142 recursos, de los cuales 97 fueron administrativos y 45, contenciosos. Es decir, la tasa de litigiosidad se situó en el 1,24 por ciento.
“Tenemos controles antes, durante y después de realizarse las acciones formativas”, explicó Sigüenza, quien reiteró el gran trabajo de los cerca de mil trabajadores del Ecyl y pidió respeto a la presunción de inocencia.
Un “trampantojo”
En el momento del debate político, el más duro con la representante de la Junta fue el portavoz del PSOE, Pedro González, quien recordó que su grupo ha solicitado esta comparecencia por parte del consejero de Empleo, Germán Barrios, hace meses, “sin recibir respuesta”, y ahora Ciudadanos, a quien calificó de partido “de la derecha pequeñita, “hace un copia-pega de aquella solicitud”, con una “maña que ha aprendido rápidamente”, y usted acude a las Cortes. Igualmente, instó a Sigüenza a mostrar “el respeto” que citó hacia los funcionarios con la aplicación de las 35 horas semanales.
A juicio del procurador socialista, el Ecyl disponía de un “trampantojo” con el proceso de concurrencia competitiva de subvenciones, “tras el que se esconde un sistema de uniformidad y exclusión que se rige por un monopolio”, pues siempre "se dirigían las ayudas a las mismas empresas". También afeó que entre 2015 y 2018 se dejaron 103 millones de euros sin ejecutar, “aunque Cs dice que son 40; en todo caso una barbaridad”. “¿Cuánto han devuelto al Estado por la no ejecución? Se lo digo yo, 21 millones, según datos del Ministerio de hoy mismo”, respondió González, quien enumeró varios procedimientos de devolución de partidas de empresas que han realizado estos cursos. A su pregunta, Sigüenza respondió que en próximas convocatorias, “como solución” para evitar la devolución de las ayudas, “se tendrá en cuenta como criterio la tasa de cumplimiento de convocatorias anteriores”.
Por su parte, Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos, pidió respeto al trabajo y “deliberaciones de los tribunales”; mientras que Pedro Pascual, de Por Ávila, que ejerció como representante del Grupo Mixto, afeó que los agentes sociales sean a su vez “juez y parte” en estos procesos. “Se benefician directa o indirectamente. No parece lícito que si voy a concurrir, yo participe en la elaboración de las bases”, sostuvo, porque a su juicio, “ha habido gente que se ha visto perjudicada” en procesos en los que “debe reinar la pulcritud”.
Por último, Alberto Castro, portavoz del Grupo Popular, destacó el trabajo “meticuloso y serio” del Ecyl y reprochó a la oposición, al propio debate y a los medios de comunicación que “actúan con mala fe”. “Ha habido muchas personas que han sido acusadas y condenadas en otros procesos incluso antes de que los documentos estén en el Ministerio Fiscal”, concluyó Castro, que pidió respeto en este sentido.