En los pasados meses de noviembre y diciembre de 2019 fueron hallados numerosos restos de animales silvestres (jabalí, corzo y ciervo), en distintos puntos próximos a carreteras de la red provincial de Segovia. Los despojos de estas carnes de especies de caza mayor eran cabezas, pieles, pezuñas y vísceras, entre los que destacaban 41 cabezas de corzo.

Estos hechos generaron una importante alarma social en la zona del hallazgo, especialmente entre los colectivos de cazadores y ecologistas. El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia inició entonces la operación 'Macorzo', dirigida a localizar actos de furtivismo de caza mayor y de comercialización de carnes procedentes de este tipo de piezas.

En el transcurso de la investigación, que se desarrolló durante varios meses, se pudo establecer que el supuesto autor habría estado examinando y certificando carne de caza mayor con destino a comercialización, expidiendo documentos oficiales falsificados. Para ello, reflejaba datos no veraces con el fin de encubrir su actividad, siendo conocedor de la procedencia ilícita de la mayor parte de estos animales, lucrándose con ello, al encargarse él mismo de distribuir las canales a dos empresas cárnicas especializadas en este tipo de carnes.

Detenido un veterinario tras hallarse 41 corzos decapitados

El ahora investigado, veterinario de profesión, actuaba como intermediario entre los cazadores y estos establecimientos, expidiendo los documentos necesarios para poder transportar y comercializar esos animales, abatidos en la mayoría de las ocasiones de manera ilegal. Durante el periodo objeto de la investigación, que abarca desde enero de 2019 a febrero del presente año, se ha constatado la venta de piezas de caza mayor sin acreditar su procedencia a empresas cárnicas. Concretamente, se han contabilizado un total de 1.001 corzos, 319 jabalíes y 88 ciervos, cazados en las provincias de Segovia, Soria y Burgos; destacando, de este conjunto, los 776 corzos abatidos en la provincia de Segovia.

Al investigado se le responsabiliza de la supuesta autoría de un delito contra la salud de los consumidores al no garantizar el origen ni la trazabilidad de las carnes objeto de la comercialización. Por último, también se le atribuye un delito de falsificación de documentos públicos de los que se habría servido para dar apariencia legal a su actividad. Para el desarrollo de este operativo se ha contado con la colaboración de personal de los Servicios Territoriales de Sanidad, Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.