Los profesores con contrato laboral en las cuatro universidades públicas de la Comunidad (Salamanca, Valladolid, Burgos y León) aumentaron un 14 por ciento entre los años 2013 y 2018 mientras que los docentes funcionarios bajaron un 11,9 por ciento. De esta manera, el Personal Docente e Investigador (PDI) sin un contrato fijo supone el 53,4 por ciento de las plantillas de las instituciones académicas, hasta sumar 3.330 efectivos en julio de 2018 frente a los 2.920 existentes cinco años.
La crisis económica motivó que las figuras del profesor asociado y del sustituto interino fueran los únicos contratos posibles debido a la prohibición de incrementar las plantillas. Todas las universidades, salvo la Universidad de León (ULE), aprovecharon esa circunstancia para incrementar su plantilla de PDI laboral entre los años 2013 y 2018. El mayor aumento de las contrataciones de este tipo de docentes e investigadores se produjo en la Universidad de Burgos (UBU), con una subida del 34,9 por ciento (de 438 a 591 profesores e investigadores), seguida de la UVa de Valladolid, con un incremento del 24,9 por ciento (al pasar de 810 a 1.012). La Usal de Salamanca también experimentó un aumento pero más moderado, con un 6,7 por ciento (de 1.309 a 1.397). Por contra, el personal laboral de PDI en la ULE cayó un 9 por ciento en ese periodo, según los datos extraídos por la Agencia Ical del Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, que publica periódicamente el Ministerio de Hacienda.
De forma paralela, el personal funcionario (ya sea de carrera o interino) docente e investigador en las cuatro universidades públicas pasó de 3.299 a 2.904 efectivos entre 2013 y 2018, con un descenso del 11,9 por ciento. Es decir, las jubilaciones de estos docentes no eran cubiertas ante la falta de convocatoria de estas plazas. El conjunto del PDI en las universidades de la Comunidad apenas ha variado en ese tiempo, ya que en 2013 había 6.219 frente a los 6.234 en 2018. Es decir, quince más. La Usal y la UVa son las que cuentan con más profesores e investigadores, con 2.408 y 2.095, respectivamente, seguidas de la UBU (899) y la ULE (832).
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ya alertó el año pasado de la “precariedad” de buena parte del personal docente e investigador de las cuatro universidades públicas. En concreto, el ‘Informe sobre la gestión de la investigación de las universidades públicas de Castilla y León’ destacaba que la convivencia en las universidades de las diferentes categorías de personal “no está suficientemente coordinada ni se ha reconducido a un único itinerario”, según la institución propia, lo que “produce una confusa configuración de la carrera administrativa del personal docente e investigador (PDI)”. De ahí que subrayara los diferentes sistemas de acceso a cada una de las categorías profesionales contribuían a la precariedad del personal, que “ha de recorrer una amplia trayectoria de sucesivas y diversas figuras contractuales temporales antes de poder acceder a una contratación estable”, deslizó.
Incumplimiento de la LOU
Además, recogía que el 44 por ciento del PDI en las universidades era funcionario; el ocho por ciento, contratado laboral fijo, y el 47 por ciento, laboral temporal, con datos al cierre de 2015. El porcentaje de temporales se disparaba en la UBU hasta el 52 por ciento; el 51 por ciento en la Usal y el 46 por ciento en la UVa, por lo que las tres incumplían el límite del 40 por ciento que establece la Ley Orgánica de Universidades (LOU). En cambio, la Universidad de León se situaba por debajo de ese indicador.
El Consejo de Cuentas también señalaba que, con la tasa de reposición limitada por las restricciones presupuestarias, entre 2011 y 2015 en el conjunto de las cuatro universidades la plantilla se redujo un dos por ciento. En concreto, denunciaba que para soslayar la prohibición de estabilización de ayudantes doctores que finalizan sus cinco años de contrato, las cuatro universidades “han utilizado, de forma inadecuada” la figura del contratado interino.
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y SteCyL se concentraron a finales de marzo frente a la sede del Rectorado de Valladolid para que el profesorado universitario mostrara su “hartazgo” ante la situación discriminatoria que vive respecto a sus homólogos en otras universidades públicas de otras comunidades.