“No hay más vuelta de hoja: un contrato de 27.000 euros para dirigir el festival de cine se dividió en tres, un primero de 14.999 euros y otros dos de 6.000, para acortar los procedimientos que marca la ley y adjudicar a dedo la dirección del festival de cine a una entidad, Trípode, que no tenía ninguna experiencia como asociación en este ámbito, evitando así un concurso público, lo que hubiera sido un proceso más largo”. Esto es lo que considera probado el portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, después de haber analizado tanto las explicaciones de la concejala responsable como de la extensa documentación aportada el viernes pasado en la comisión extraordinaria a petición de la formación morada, tras la cual tanto PP como Cs pidieron ya la dimisión de la concejala de Cultura. Ahora a esos grupos se suma el morado, pero con el agravante de no ser 'sólo' un partido de oposición, sino socio de programa (al menos de una parte, por el "acuerdo programático" firmado al inicio del mandato) y de presupuestos del equipo de Gobierno.
En la comisión extraordinaria del viernes, como apuntan desde Podemos, Aguiar reconoció que tanto el importe exacto de 14.999 euros, un solo euro por debajo del límite legal, como la celebración de los otros dos contratos de 6.000 euros, fueron una decisión política suya, de la propia concejala. “Aun con el pretexto de acortar los tiempos, fraccionar un contrato sigue siendo ilegal. Es una irregularidad muy grave realizada de forma intencionada, y esto es incompatible con la versión que da el gobierno de Luquero: o es un error administrativo o es una actuación irregular hecha a sabiendas, las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser”, afeaba San Juan.
Podemos ha mantenido en todo momento una posición prudente, a la espera de conocer y analizar tanto la versión de Aguiar como la propia sentencia y la documentación existente, e incluso con todo ello, consideran que los hechos son claros, y las responsabilidades políticas también: “Ante una decisión política que, con pleno conocimiento, decide sortear los controles que marca la ley, Aguiar tiene que dimitir. Un gobierno progresista no puede permitirse estas irregularidades, se tienen que asumir responsabilidades, cambiar de rumbo y dejar de escudarse en la necesidad o no de un informe para los contratos menores: el recurso de casación en este asunto es una huida hacia adelante que no tiene ni pies ni cabeza. ¿A estas alturas, después de años gobernando, necesitan que alguien les explique qué es y cómo se gestiona un contrato menor? Por higiene democrática, la única salida posible a todo esto es que se asuman responsabilidades políticas: Aguiar tiene que dimitir”, finalizaba el concejal morado.
"LOS CONCEJALES SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRAS DECISIONES, PARA BIEN O PARA MAL". Podemos tomó la decisión de pedir la dimisión de Aguiar en una reunión interna celebrada el domingo por la tarde "para poner un poco sobre la mesa todas las posibles novedades de la documentación y todos los hechos cronológicamente constatados que había tanto por la sentencia, como por lo vivido y recogido en la propia comisión, como también por el análisis de la documentación", explica San Juan en declaraciones a El Día. "Esos tres elementos han sido de alguna manera los que hemos tenido en cuenta, y además con un análisis político claro, e insisto en el mensaje porque nos parece importante: un Gobierno progresista no se puede permitir ningún tipo de irregularidad", reitera. "A nosotros la ciudadanía nos mide con otra vara de medir y es importante además en un momento como éste, también de gran descrédito de toda la clase política, hacer llegar mensajes claros al respecto. Y creemos que en Segovia se ha producido una situación irregular que, probablemente, comparando con otras situaciones que se puedan producir en otras ciudades u administraciones, quizá no sea tan llamativa o cuantitativamente tan relevante, pero sí lo es para una ciudad como Segovia, nos parece que tiene suficiente importancia y relevancia para tomar decisiones al respecto. Es una irregularidad que hay que señalar y al final los concejales somos responsables de nuestras decisiones, para bien o para mal", incide.
Respecto a la posibilidad de que este conflicto tenga consecuencias para la relación de Podemos con el PSOE y el acuerdo programático que mantienen ambos grupos, ratificado recientemente por el apoyo morado al presupuesto de 2021, San Juan declina pronunciarse todavía: "Vamos a ir paso a paso. Dejaremos un margen al equipo de Gobierno para que determine las responsabilidades, tome decisiones y en función de ellas iremos valorando", concluye.