LA RAYUELA

Óscar del Hoyo

Periodista. Director de Servicios de Prensa Comunes (SPC) y Revista Osaca


Cristales rotos

Las columnas de humo desprenden un fuerte olor a goma quemada. Las barricadas se levantan en cualquier esquina sin que la masiva presencia militar pueda hacer nada por evitarlo. Aunque buena parte de los manifestantes son pacíficos, grupúsculos con los rostros tapados se enfrentan con las fuerzas del orden empleando tácticas propias de la guerrilla. La violencia de unos y otros es desmedida. Piñera encendió la mecha de un polvorín que ha provocado que Santiago y las principales ciudades de Chile se conviertan en lo más parecido a un infierno. Uno de los países más prósperos de Sudamérica se encuentra en estado de sitio.
Hay tanques en las calles. Se escuchan disparos. Las carreras son constantes. Decenas de personas se agolpan en las puertas reventadas de un supermercado. Entran y salen cargados con toda clase de productos. El saqueo es global. Tiendas de telefonía, de ropa, de electrodomésticos, estancos... nada ni nadie se libra de un pillaje que desvirtúa por completo la esencia de unas protestas, donde los delincuentes se parapetan para aprovecharse de la situación.
Los vagones de metro se están calcinando. Hordas de vándalos dan rienda suelta a sus pulsiones, prendiendo fuego a todo lo que se encuentran. Cristales rotos, mobiliario urbano destrozado... La imagen es propia de una guerra. Los militares, que no salían a la calle desde la dictadura de Pinochet, están sobrepasados. Ya hay más de una decena de muertos y un millar de detenidos. Chile ha explotado.
Lluvia de piedras y camiones que intentan dispersar al gentío con potentes chorros de agua. Varios estudiantes alzan sus manos al paso de los milicos. Muchos, que llevan mascarilla para evitar los efectos de los gases lacrimógenos, portan pancartas con lemas que atacan al Gobierno y exigen la dimisión del presidente. La ira de la sociedad, que hasta ahora permanecía latente, se ha desbordado por un sistema enfermo que fomenta la desigualdad y la exclusión.
La decisión de Piñera de subir el precio del billete de metro 30 pesos ha provocado una multitudinaria protesta social en Chile que ha sumido al país en una grave crisis institucional que está haciendo temblar los cimientos de una democracia que cada día tiene más críticos y donde el hartazgo con la clase política es generalizado; la abstención en los últimos comicios presidenciales llegó hasta la mitad del electorado.
La situación es dramática en un Estado donde un café puede costar en torno a los cuatro euros y el sueldo medio ronda los 500. La brecha social es desmedida, con el uno por ciento más pudiente de la población concentrando un tercio de la riqueza del país. El dinero está en manos de unos pocos.
Pese a las promesas de los diferentes gobiernos, entre ellos el de Bachelet que había generado enormes expectativas, para impulsar medidas que redujeran la desigualdad, las diferencias se han hecho cada vez más grandes. Las clases medias no han tenido más remedio que endeudarse y los más desfavorecidos apenas pueden afrontar los gastos que han supuesto los incrementos de servicios tan básicos como el agua o la sanidad. Chile es el noveno país del mundo con el transporte más caro en relación a los ingresos, pero, aún así, querían aumentar el precio del metro; una medida que se ha acabado por descartar y que hubiera supuesto para muchas familias una carga muy difícil de sobrellevar.
Los jóvenes están siendo el motor de las protestas. Son conscientes de las dificultades y la escasez de oportunidades que van a tener en el futuro si las cosas no cambian y ya han forzado a Piñera a recular la puesta en marcha de iniciativas como la subida de las tarifas de electricidad o a impulsar medidas para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, con el repunte de un 20 por ciento de la pensión básica, el repunte del salario mínimo o la aplicación de distintos beneficios fiscales que repercutirán en la ciudadanía una vez finalice su vida laboral. El presidente de Chile había encendido más los ánimos cuando, en una comparecencia televisiva, anunciaba a la población que el país estaba «en guerra» y que se enfrentaba a un enemigo peligroso, señalando veladamente a grupos de izquierda y al interés de Cuba y Venezuela por prender la mecha y tratar de desestabilizar al continente propagando los disturbios. Al final, tuvo que retractarse.
Un joven utiliza un espray para hacer una pintada en contra del Gobierno mientras varios operarios se afanan en cambiar la luna del escaparte de una tienda de electrónica. Una tensa calma se ha instalado en las calles que hace sólo unas horas eran un campo de batalla. La desaceleración económica y el repunte de la deuda ya golpean a la mayoría de los países sudamericanos. Entretanto, los ajustes, una vez más, los acaba pagando la parte más débil de una población hastiada.