Los colegios concertados de Segovia han preferido adoptar un perfil bajo en las protestas que se extienden por toda España contra la nueva ley de educación. Mientras en prácticamente el resto de las provincias los centros de este tipo han colgado lazos naranjas de las fachadas o han promovido concentraciones, en Segovia las quejas por iniciativa propia hasta el momento se han limitado a las comunicaciones internas con las familias y al lazo del Claret de la fotografía que acompaña esta información.

Aun así tres de los cuatro centros concertados segovianos se oponen de forma tajante a la ley Celaá y solo la Cooperativa Alcázar ve aspectos positivos, aunque rechaza otros. El supuesto ataque que encierra a la liberta de elección de colegio por parte de las familias encarna el eje sobre el que giran sus argumentos contra una norma que contempla «un incremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros públicos», excluyendo a los concertados, o que  elimina la «demanda social» para planificar las plazas.

En Segovia, el colegio más solicitado a lo largo de los últimos cursos –tanto de públicos como de concertados; en nuestra provincia no hay privados– ha sido el Claret, que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha equivocado en el momento elegido, la forma y el contenido. «En plena pandemia, no parece el mejor de los tiempos para trabajar una normativa tan importante con la calma y la participación necesaria», arranca su director, Juan José Raya, que además echa en falta la existencia de acuerdo. «Lamentamos que tanto esta [ley educativa] como la anterior no hayan sido capaces de suscitar un consenso porque limita la puesta en práctica. Llevamos ocho leyes orgánicas. No tiene sentido que como sociedad no seamos de pactar unos mínimos independientemente de a quién le toque gobernar en ese momento», reflexiona.

En su opinión, la ley Celaá también podría incurrir en vulneraciones de derechos recogidos en la Constitución: «Desde hace mucho el derecho a la educación en España es pública, concertada o privada. La reinterpretación que hace entiende a la concertada como subsidiaria, no como complementaria de la pública», apunta Raya antes de negar que a la concertada solo le preocupen sus intereses: «Pensar que nosotros estamos defendiendo nuestra parcela es una visión reduccionista. Lo que defendemos es el derecho de las familias a elegir para sus hijos el tipo de educación que quieren. Donde se pierde libertad, nadie puede decir que salimos ganando».

La directora del colegio Concepcionistas, Carmen Fernández Borregón, va más allá y asegura incluso que está en juego «el futuro de España». «Creo que necesitamos un pacto educativo más que nunca. Necesitamos un comité de expertos independiente de la política que haga evaluaciones sistemáticas para mejorar. Si queremos tener ciudadanos con un pensamiento crítico, hay que formarlos con una calidad educativa suficiente o incluso si puede ser, la mejor del mundo. Sin consenso, esta ley –como ha pasado con otras– durará poco y seguiremos quemando a los profesionales», argumenta.

El modelo de escuelas públicas y concertadas, recuerda, se encuentra implantado en numerosos países de Europa y cuenta con millones de partidarios en España. «Todos pagamos impuestos. No podemos dejar a nadie fuera», indica esta religiosa, que tilda  la «educación única» de prácticas de «sociedades no democráticas». «Estamos en una sociedad democrática y podemos elegir, pero no entre públicos o concertados sino entre proyectos educativos y pedagógicos. A mí me puede interesar un instituto porque es bilingüe o porque da una materia. Libertad de elección para todos», concluye.

Su preocupación por los efectos de la ley Celaá la comparte el director de los Maristas, José Luis Marijuán, que defiende la educación concertada. «Es educación pública también. Recibimos a todo tipo de sectores de la población. Si solo existiera la privada habría muchas personas que no podrían acceder a este tipo de educación. Un Gobierno se tiene que preocupar de toda la población y no poner límites a la libertad», remarca, al tiempo que lamenta la época escogida para aprobar la ley. «No nos parece el momento más oportuno y que además se haga sin diálogo con los agentes sociales y los especialistas del tema. Si el objetivo es mejorar la educación, ¿por qué no se cuenta con sus responsables?», zanja.

Este debate es observado con cierta distancia por la Cooperativa Alcázar, cuyo codirector, Óscar Muñoz, hace hincapié en que «como somos una cooperativa de enseñanza tenemos algunas singularidades». «Hay cosas de la ley que las vemos coherentes y muy bien y otras que nos preocupan. Nosotros apostamos por una educación universal en la que la pública y la concertada van de la mano y son complementarias, no subsidiarias. No cobramos cuotas y no somos selectivos, que es una idea equivocada que se tiene. Somos meros intermediarios. Las familias eligen libremente el colegio, nos traen la documentación y nosotros se la remitimos a la Dirección Provincial de Educación, que es la que hace un baremo y la que nos manda un listado», justifica. Recuerda que las escuelas concertadas invirtieron para comprar terreno e infraestructuras y lo pusieron a disposición de la Administración pública cuando aumentó la natalidad, y reclama una actualización de la ley que regula el concierto educativo.