El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asegurado que el Juzgado de lo Penal 2 de Segovia incoó el pasado 16 de marzo el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial contra la empresa Agraman y su administrador, encargada de gestionar la planta de compostaje de Fuentepelayo, que fue condenada por un delito contra el medio ambiente y que, en concepto de responsabilidad civil, deberá costear las tareas de limpieza de las parcelas en las que depositaron los residuos y lodos, limpieza de la acequia en la que realizaban el vertido de lixiviados y la gestión y compostaje de la totalidad de los residuos existentes en la planta y en las instalaciones.

De esta forma, el TSJ sale al paso de unas declaraciones del coordinador provincial de IU Segovia y concejal en el Ayuntamiento de Fuentepelayo, José Luis Ordoñez, que hace unos días afirmó que están estudiando si existe un caso de “posible prevaricación” en la actuación del equipo de gobierno del municipio, por no exigir a los tribunales la ejecución de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Segovia. Según el Tribunal Superior, “no es necesario un pleno de un ayuntamiento, en este caso de Fuentepelayo, para incoar una ejecución de sentencia, ya que el Juzgado actúa de oficio para la incoación tanto en este caso como en todos”.

Además, asegura que no ha tardado un año en incoar la sentencia, tal y como sostuvo el representante de IU, y recuerda que el primer hito en el procedimiento judicial se produjo en el 21 de enero de 2020, cuando el Juzgado de lo Penal dicta sentencia. Después, en julio del pasado año se tramitó recurso de apelación y se elevaron las actuaciones a la Audiencia Provincial, que dictó sentencia condenatoria en diciembre. Posteriormente, el marzo de este mismo año, el Juzgado de lo Penal incoó la ejecución de la sentencia.