La Guardia Civil ha interceptado a un turismo que circulaba a 223 kilómetros por la autovía A-1 en un tramo en el que la velocidad está limitada a 120, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado. Por estos hechos, se investiga a A.C.S.N, una joven de 25 años, como presunta autora de un delito contra la seguridad vial al rebasar la velocidad establecida para la vía en más de 80 kilómetros por hora.

Los hechos ocurrieron a las 12.51 horas de este sábado, 23 de marzo, en la autovía A-1, a su paso por la comarca de La Ribera, en la provincia de Burgos, cuando un radar de un vehículo de la Guardia Civil emplazado en el lugar captó la velocidad de un turismo de alta gama que circulaba por la vía sentido Madrid. El cinemómetro marcó en ese instante 223 kilómetros por hora, lo que supone superar en más de 80 la velocidad genérica establecida para esta vía, que al tratarse de una autovía es de 120 kilómetros por hora.

Dada la elevada velocidad a la que circulaba la infractora y la peligrosidad de la maniobra de parada se optó, en coordinación con el Subsector de Tráfico de Segovia, que fuera interceptada varios kilómetros más adelante, ya en la provincia vecina.

Allí, una vez identificada le fue comunicada la incidencia y se instruyeron diligencias en calidad de investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

CONDUCTA PELIGROSA

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor, sino la de sus acompañantes, en el supuesto de transportar pasajeros, y la del resto de usuarios de la vía.

"Además de las más que posibles fatales consecuencias en el supuesto de una colisión o una salida de vía a esas velocidades, en caso de una reducción drástica de velocidad o una súbita maniobra evasiva se largan las distancias de parada y aumentan las posibilidades de perder el control del vehículo, respectivamente, coadyuvando al accidente", ha añadido la Benemérita.

El Código Penal contempla para estas conductas penas de prisión de tres a seis meses, de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Las diligencias se entregarán en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero.