Mantienen las penas de cárcel en la operación 'Resurgir'

D.M.Arranz
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La Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 82 años de cárcel para los 12 acusados de la operación 'Resurgir' contra el tráfico de drogas. Las defensas han pedido la absolución al ser declaradas las nulas las escuchas policiales.

Mantienen las penas de cárcel en la operación 'Resurgir'

Después de tres días de sesiones el juicio de la operación 'Resurgir' ha quedado visto para sentencia. En el banquillo de la Audiencia se han sentado los 12 acusados que eran juzgados por un delito contra la salud pública, y otro de pertenencia a organización criminal. La Fiscalía, que pedía 82 años de cárcel en su conjunto, ha mantenido su petición tras las declaraciones.

Misma postura que las defensas, que han pedido la absolución de sus clientes al considerar que las escuchas, declaradas nulas por un auto judicial del pasado mes de enero, fueron ilícitas y permitieron desarrollar la investigación entre diciembre de 2018 y junio de 2019. Los letrados han insistido en la vulneración de derechos que supone esa práctica, quebrantando un derecho fundamental como es, el secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 de la Constitución. También han defendido la nula relación entre algunos de los investigados en una operación contra el tráfico de drogas que se desarrolló en Segovia, Miranda de Ebro y Madrid, con varias detenciones y registros en los barrios del Cristo del Mercado, San José y San Millán.

La abogada, Carla Vaquero, ha querido indicar que espera que "la nulidad abarque todo el proceso, y no haya prueba que se pueda hacer valer para ratificar las condenas", además ha subrayado que quedaban anuladas "las llamadas telefónicas, sonorización en vehículos, y la colocación de un dispositivo de GPS en un Renault Megane, que fue el inicio del proceso".

En esta misma línea se ha mostrado Israel Tapias, letrado de dos de los acusados, que "adolecían de las más mínimas garantías, no staban motivados, se han alegado y ha reconocido la sala". "La Guardia Civil hace unas intervenciones, un seguimiento, y con posterioridad cree justificado y solicita al Juzgado de Instrucción nº1 que es el que lleva el caso, dentro del secreto de sumario, que se pinchasen los teléfonos de ciertas personas", ha afirmado, defendiendo que -con esta acción- se vulneraban el derecho al honor, y a la intimidad.

Vaquero ha admitido que "la relevancia viene porque las transcripciones del material probatorio entiendo que deben ser anuladas por la Sala, y que los hechos probados solo se sostienen por cuatro o cinco vigilancias esporádicas, y registros que fueron declarados nulos".

Los 12 acusados no han querido realizar declaración alguna en la última jornada, y han insistido en defender su inocencia. Tres de ellos, en prisión por otros delitos, han pedido al juez que les declare inocentes. Cuando han sido introducidos en el furgón policial, varios familiares y amigos les han despedido, con una sonora ovación.