Más de dos horas de reunión entre amplias delegaciones del Gobierno y de la Junta de Castilla y León se saldaron con compromisos políticos y la creación de varios grupos de trabajo, aparte de un acuerdo para aumentar la representación autonómica en la CHD. La falta de presupuestos y el adelanto electoral provocaron que no se pudieran concretar iniciativas importantes como el plan de convergencia interior o la extensión de la banda ancha rural.

Una amplia delegación de la Junta, en la que participaron el vicepresidente y cuatro consejeros, recibió en el colegio de la Asunción a los representantes del Gobierno, con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y la delegada del Gobierno al frente. Sin embargo, la comisión de cooperación, que mantuvo su primer encuentro desde hace más de ocho años, se vio lastrada por el rechazo de las cuentas estatales en el Congreso y por el anuncio de adelanto electoral. La ministra Batet valoró la «lealtad y voluntad clara de cooperación» del presidente Juan Vicente Herrera y reconoció que se decidió mantener la reunión a pesar de las circunstancias.

El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, calificó de «positivo y bueno» que dos gobiernos hablen en «cualquier momento», en referencia a las citas electorales, que en su opinión dejan abiertos una serie de asuntos para la próxima legislatura.

Acuerdos

Sobre el plan plurianual de convergencia, la comisión acordó crear un grupo de trabajo que identifique las prioridades y actuaciones más necesarias para corregir desequilibrios, si bien De Santiago-Juárez recordó que éstas girarán en torno a las áreas funcionales estratégicas, cuya aprobación están siendo «bloqueadas» por el Grupo Socialista.

La ministra subrayó que el Gobierno da «respuesta» a la demanda de la Junta de contar con más representación en la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y precisó que se va a modificar el real-decreto de 2011 para que la Comunidad y el Gobierno tengan los mismos miembros.

«Se va a iniciar de inmediato y se va a acelerar al máximo para dar una respuesta antes de que termine la legislatura», afirmó Batet, mientras que el vicepresidente de la Junta valoró el mayor peso en la planificación de la cuenca.

Igualmente, Junta y Gobierno coincidieron  en calificar como «una prioridad» la llegada de la banda ancha a las zonas rurales, aunque reconocieron las dificultades para financiar su impulso como consecuencia de la falta de presupuestos. Por ello, ambas administraciones acordaron fijar esta importancia a través de un acuerdo y sembrar «el germen» ante la llegada de próximos gobiernos que tengan en cuenta esta «prioridad».

Conflictividad

Por otro lado, Junta y Estado confiaron en alcanzar un acuerdo que permita evitar un recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto de Garoña. Ambos representantes señalaron que es «una buena señal» el hecho de que esta norma se esté abordando en la comisión de prevención de conflictos porque ello significa que se puede llegar a un acuerdo de interpretación de la norma. La ministra insistió en que «se está hablando» porque el problema era una posible doble imposición.

Por último, dicha comisión también estudia la Ley de Transporte Público de Castilla y León como consecuencia de una regulación respecto a las tarifas que puede generar «algunos problemas competenciales entre Estado y Junta».