La Junta de Castilla y León espera que la aprobación urgente de la propuesta legislativa anunciada este miércoles por el Grupo Popular evite la paralización de la actividad cinegética en la Comunidad después del auto del TSJ anulando el decreto que regula el catálogo de especies que se pueden cazar en la región. Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento y Medio Ambiente,Juan Carlos Suárez-Quiñones, que reiteró que el Ejecutivo autonómico recurrirá el auto, confirmó que en estos momentos sólo se pueden cazar las especies que están fuera de esa relación de caza ordinaria, como es el caso del jabalí, la cabra o el conejo. Suárez-Quiñones también quiso aclarar que la proposición de ley presentada por elGrupo Popular «no busca blindar la caza», sino «garantizar el catálogo cinegético dentro en el marco de la garantía legal».

El consejero, que calificó esta situación como «normal» y que entra dentro de la separación de poderes, se mostró confiado de que  su aprobación en el último pleno de la legislatura, para su posterior «aplicación inmediata», pueda corregir la situación creada tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, el titular de MedioAmbiente avanzó que la caza podría paralizarse en Castilla y León en el caso de que elTSJacepte la impugnación de la Orden de Caza de Castilla y León de 1996, impulsada también por Pacma, que invalidaría provisionalmente las actividades cinegética.«En ese caso, no se podrá cazar», apuntó tajantemente Suárez-Quiñones, que, por otra parte, no quiso aventurarse y se limitó a decir que «habrá que esperar a su contenido porque puede producirse en los próximos días».

«Por el momento, los permisos de caza expedidos tienen plena eficacia y vigencia, la resolución del TSJ impide la creación de nuevos decretos en base a que se ha anulado», explicó el consejero.

Nueva Ley de Caza

Sobre la posibilidad de modificar la actual Ley de Caza para evitar futuras impugnaciones en los tribunales, Suárez-Quiñones se mostró partidario de llevar a cabo una «reforma integral» de la norma, sobre la que avanzó que ya se está trabajando para que pueda ver la luz durante la próxima legislatura. En este sentido, el consejero explicó que la defensa de los intereses generales de la Comunidad «no admiten demora», por lo que la Junta recurrirá «en breve» el auto ante la propia Sala del Alto Tribunal, o, incluso instancias superiores. 

Tras expresar el «respeto absoluto» de la Junta a las resoluciones judiciales, el consejero apeló a la prudencia pero no dudo en reiterar las «negativas consecuencias» para los intereses de la Comunidad del auto, si bien se mostró esperanzado en que la proposición respaldada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos y por el procurador de UPL salga adelante en las Cortes.