Este viernes, 8 de enero, el Bocyl publicaba un acuerdo por el que se prorroga la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León, con una excepción:  la entrada de vehículos y personas desde la Comunidad de Madrid al estacionamiento de vehículos en el Puerto de Navacerrada, en la carretera N-601, en el límite de esta Comunidad, con la de Castilla y León, en Segovia, y la salida de vehículos y personas desde este estacionamiento hacia Madrid.

Sin embargo se ha quedado abierta una laguna legal,  teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de las instalaciones y territorio esquiable son término segoviano, del Real Sitio de San Ildefonso, incluso es el titular de la concesión de agua por la Confederación Hidrográfica del Duero para los cañones de nieve artificial, cabe la pregunta: ¿Podrán ser utilizadas por los esquiadores de otra Comunidad, aunque les hayan dejado aparcar?. 

El alcalde de San Ildefonso, Samuel  Alonso, subraya que esta situación pone en evidencia que hay problemas de gestión en el Alto de Navacerrada, que exige un acuerdo global entre ambas comunidades autónomas.  Para más inri, los estalecimientos hosteleros,  al estar en el lado de Madrid, tienen menos restricciones que las fijadas para los de Castilla y León por lo que se puede dar el caso de que quienes lleguen desde Segovia no puedan utilizarlos. 

En unas declaraciones tras producirse esta excepción, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, dijo que se había clarificado que el aparcamiento podía ser utilizado por ambas comunidades y «que sean las autoridades de regulación de tráfico las que determinen con más flexibilidad el uso y eviten situaciones como las que se han vivido», con atascos, inclusoprohibiéndose el aparcamiento a quien llegaba desde Segovia.        

Samuel Alonso, en línea con lo que ha pedido esta semana la interpalamentaria de los socialistas segovianos, reivindica que el espacio del aparcamiento sea gestionado a través de una concesión administrativo al Ayuntamiento de San Ildefonso y haya aforamiento, para que quien vaya a subir pueda solicitar aparcamiento en el espacio y, si está lleno, sepa que no va a poder aparcar, propiciándose el uso de transporte público.