Ontex y Drylock se han visto las caras en los tribunales por la demanda que la primera presentó contra su competidora en el sector de los productos de higiene íntima por presunta competencia desleal, tras instalarse esta en Segovia y ‘fichar’ a veinte de sus trabajadores. En la mañana de este martes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, especializado en materia mercantil, ha celebrado la primera sesión del juicio con la participación de peritos informáticos y del director y representantes de diferentes departamentos de la planta en Segovia de Ontex, que acusa a seis de esos exempleados (ingenieros y profesionales del área de calidad) de haber sustraído presuntamente miles de documentos de sus ordenadores antes de abandonar la empresa y recalar en Drylock, liderada por Miguel Ángel González, que también había sido director general en Ontex.
Así lo pretende acreditar el informe pericial elaborado por Carlos Aldama a instancias de Ontex. Este manifiesta que seis antiguos trabajadores que tenían acceso “a información sensible” utilizaron memorias USB y discos duros extraíbles, en las semanas previas a presentar su baja voluntaria, para llevarse archivos que podían contener información “sobre fichas técnicas, planos de producto, iniciativas de reducción de coste, ‘software’ de máquinas, resultados de laboratorio...”. En el caso de alguno de estos exmpleados, el movimiento de documentos se elevó por encima de los 80.000 e incluyó la utilización de programas de borrado y control de archivos y de navegación privada “para no dejar rastro”, según indica el citado informe pericial.
Tras su salida de Ontex, sus ordenadores fueron depositados ante notario para ser examinados. Unas comprobaciones que permitieron concluir, desde el punto de vista de Carlos Aldama, que a partir de marzo de 2018 comenzó a producirse por parte de esos antiguos trabajadores una utilización hasta ese momento “inusual” de memorias USB y búsquedas en Internet de programas para navegar por la red de forma anónima. Del seguimiento de su huella hasta que el 3 de abril dejaron Ontex también deduce que enviaron fuera de la empresa documentos a través de WeTransfer -el servicio más popular de transferencia de archivos informáticos basado en la nube- y que su objetivo era precisamente sustraer documentos porque el movimiento de centenares de archivos se producía en un intervalo de apenas un minuto, que no hubiera sido suficiente, por ejemplo, para abrirlos en el ordenador y consultar su contenido.
Esos extrabajadores y Drylock también han aportado un informe pericial -en este caso realizado por el ingeniero informático Javier Rubio- que concluye que “no se puede afirmar que se hayan externalizado archivos a través de USB porque no se ha realizado ningún análisis a la auditoría de Windows”. En su opinión, tampoco está fundamentado que hubiera una actividad inusual de los USBs, ni que se practicaran borrados seguros “porque para ello es necesario instalar un programa que deja rastro en el registro de Windows”.
También han tratado de demostrar que el movimiento de los documentos fue interno, que la utilización de memorias extraíbles respondió a la necesidad de instalar programas o actualizaciones para el normal funcionamiento de esos ordenadores o que no coinciden temporalmente las búsquedas de archivos confidenciales a las que alude Ontex con las conexiones de los USB.
Tras la declaración de este perito informático, han comparecido el actual director de la planta de Ontex en Segovia, José Ignacio Luengo, y responsables de varios de sus departamentos, que han puesto el acento en la importancia de la información a la que tenían acceso los seis trabajadores demandados que se marcharon a Drylock. “La información que hay en esas carpetas es un decálogo de nuestro día a día”, ha subrayado Luengo. Ontex reclama a su competidora 75.000 euros por los daños, “pero lo importante no es la cuantía sino que Miguel Ángel González y estas seis personas han actuado de forma desleal”, según ha indicado el propio Luengo.
Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa de Ontex, Pilar Ituero, se ha referido a la intranquilidad que generó entre los trabajadores “el rumor que se extendió de que se había perdido el contrato de Lidl”. “Algunos se marcharon por esa razón”, ha añadido. En aquel momento y previo a la demanda que ha dado origen a este juicio, Ontex solicitó al juzgado la aplicación de una serie de medidas cautelares. En un auto emitido el 18 de mayo de 2018, la jueza Cecilia Fernández Prieto ordenó que el director general de Drylock, Miguel Ángel González, diera “estricto cumplimiento” al pacto de confidencialidad que firmó al salir de Ontex en 2015 y que cesara “la difusión de informaciones falsas” respecto a esta última.
También rechazó -en contra de lo que reclamaba Ontex- que Drylock incorporara a trabajadores de su competidora y subrayaba que no había quedado acreditado, en ese momento, que los veinte empleados que habían cambiado de empresa hubieran sustraído información. En el juicio que ha comenzado a celebrarse este martes, los representantes de Drylock han querido poner el foco, además, en que la maquinaria que ellos utilizan es diferente a la de Ontex y que desarrollan productos originales a partir patentes propias en el sector de los pañales para bebés y adultos y compresas.