Ocho de cada diez alumnos extranjeros de Castilla y León están escolarizados en un centro público mientras que solo dos acuden a un colegio concertado o privado. De los 21.788 estudiantes matriculados en la Comunidad en todas las etapas educativas del Régimen General en el curso 2017-2018, 17.592 estaban en centros públicos mientras que 4.196 acuden a un colegio concertado. Además, un 15,4 por ciento de ese alumnado inmigrante (3.374) tenía necesidades de atención educativa, ya sea por desconocimiento del idioma o por un desfase curricular.
El informe sobre la situación del sistema educativo en Castilla y León consultado por la Agencia Ical recoge la evolución del alumnado extranjero desde el curso 2002-03 cuando apenas había 8.000 estudiantes de otros países en las aulas de la Comunidad. Una cifra que experimentó un aumento progresivo hasta el año 2011, cuando se alcanzó el récord con cerca de 28.000 inmigrantes. En solo un curso (entre 2005-2006 y 2006-2007), el número de matriculados pasó de 13.784 a 20.830, con un incremento del 51 por ciento. Tras alcanzar la marca de los 28.000 inmigrantes, el número no ha parado de caer, año tras año, hasta acumular una caída del 22 por ciento entre 2011 y 2017.
Una parte importante de los 21.788 alumnos extranjeros de Castilla y León está en Educación Primaria (38 por ciento), seguido de la ESO (25 por ciento) y el segundo ciclo de Infantil (15 por ciento). También son notables las diferencias entre provincias del porcentaje de alumnado extranjero matriculado por tipo de centro.
Seis de cada diez alumnos inmigrantes con necesidades de atención educativa tienen un desconocimiento del idioma, sobre todo en la etapa de Educación Primaria, aunque también cuentan con problemas de castellano en la ESO (16 por ciento). El desfase curricular afecta a un 40 por ciento de los alumnos extranjeros de Castilla y León, algo que afecta más a los estudiantes de Secundaria
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que la aplicación de acciones de compensación educativa pretende garantizar el principio de igualdad de oportunidades a este alumnado en desventaja, «reforzando las acciones del sistema educativo, asegurándole una atención educativa adecuada y favoreciendo su integración social y cultural». Todo es posible, añaden, gracias al trabajo del profesorado de apoyo de Educación Compensatoria, el profesorado técnico de Servicios a la Comunidad y otras instancias colaboradoras.
Pocos profesores
La portavoz de la Plataforma Escuela Pública, Laica y Gratuita de Castilla y León, Christina Fulconis, reclama a la Junta más dotación de profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje pero también de Compensatoria para atender a este tipo de alumnado con necesidades. No en vano, recuerda a Ical que los profesores de Compensatoria suelen estar compartidos entre colegios e institutos de una zona. De ahí que pida a la Consejería de Educación flexibilizar la ratio de alumnos con necesidades de compensación por centro para que tengan más fácil acceder a uno de estos docentes.
También lamenta el proceso administrativo lento por la falta de personal en los equipos de orientación educativo y psicoeducativo, que son los encargados de realizar las evaluaciones de estos alumnos y elaborar los informes para que los inmigrantes puedan acceder a estas clases de compensación, por necesidades de lenguaje. «Hasta que no concluya todo ese proceso y si el centro no tiene un profesor de compensatoria, el alumno extranjero solo es atendido por el tutor y el resto de docentes», expresa.
Centros gueto
La presidenta autonómica del Sector de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, carga contra el distrito único que implantó la Junta y con la libre elección de centro que tienen las familias puesto que es un sistema que, a su juicio, aumenta la segregación del alumnado y fomenta los centros gueto. No en vano, este tipo de centros –ahora llamados 2030- suele ser público y acoge, en determinados barrios y zonas de ciudades, la mayor parte del alumnado extranjero, de minorías étnicas o procedente de familias con escasos recursos.
Madruga reconoce que existe una libertad de centro «mal entendida» porque, al final, muchos colegios concertados son los encargados de realizar la selección al negarse a matricular a alumnos extranjeros, de minorías étnicas o con necesidades educativas especiales como los niños con discapacidad.