Desde su muerte en 1975, Francisco Franco está enterrado en el Valle de los Caídos, en un mausoleo que él mismo  ordenó construir tras la Guerra Civil como símbolo de la victoria del Bando Nacional. Coronado por una cruz de 150 metros, además de lugar de culto religioso, la basílica es también destino turístico para muchos. 

Durante la dictadura, se trató de reinterpretar el significado del recinto para convertirlo en un emblema de reconciliación. Más de 30.000 víctimas de ambos bandos del conflicto yacen en su interior, según las cifras oficiales. Así, la exhumación de Franco podría cerrar un simbólico capítulo de la lucha por la memoria histórica. Sin embargo, la huella de 36 años de dictadura pervive todavía en pueblos, basílicas y miles de fosas comunes repartidas por toda la geografía nacional.

Los municipios del Caudillo

De acuerdo con la relación de municipios del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero en España se mantenían los nombres de Guadiana del Caudillo, en Badajoz, y Llanos del Caudillo, en Ciudad Real, dos de los muchos pueblos de colonización que se levantaron en el franquismo.

En las elecciones municipales del 16-M, el Ayuntamiento de la primera de estas localidades, de algo más de 2.000 habitantes, pasó a manos del PSOE y en julio el pleno aprobó iniciar los trámites para llamarse Guadiana. Esta semana retiró la placa con la que se rendía homenaje al dictador en la casa consistorial. Mientras, en LLanos del Caudillo, con alrededor de 700 habitantes y el PP reelegido con mayoría absoluta, no hay planes de modificar su denominación.

En los últimos años, se han desprendido del apellido del Caudillo pequeños pueblos como Águeda, entidad local menor salmantina, o Bembézar (Córdoba), pero la herencia del franquismo sigue vigente en pedanías como Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alberche del Caudillo (Toledo) o Villafranco de Guadalhorce (Málaga).

El Ministerio de Justicia solicitó el pasado febrero por carta a 656 municipios que retiraran los vestigios que todavía permanecían en sus espacios públicos, como las 1.171 calles y plazas que conservaban nombres de destacadas figuras del régimen franquista.

Algunos ya habían tomado medidas y el INE todavía no estaba al tanto de ello, pero no pocos se resisten: necesitan más tiempo para alterar su callejero o, simplemente, los vecinos no quieren, tal y como explicaron varios alcaldes.

Las fosas comunes

La mayor sigue siendo el Valle de los Caídos, donde, según el censo del Ministerio de Justicia, yacen los restos de 33.833 personas (más de 12.400 sin identificar) de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.

Un juzgado de San Lorenzo de El Escorial reconoció en 2016 a los familiares de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás el derecho a recuperar sus cadáveres enterrados en el Valle para trasladarlos a su localidad natal, pero los trámites se dilatan sine die. El abogado de la familia, Eduardo Ranz, ve una clara «voluntad de inacción» en el presidente de Patrimonio Nacional, organismo que ha pedido nuevas aclaraciones al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, para evaluar el estado de las criptas antes de proceder a la exhumación.

Tampoco hay novedades del plan de choque anunciado por el Ministerio de Justicia para impulsar las exhumaciones de las fosas comunes desperdigadas por todo el país, muchas todavía sin inventariar. El Gobierno socialista creó una nueva dirección general para la Memoria Histórica, pero quien comenzó a dirigirla, Fernando Martínez, dejó el cargo para optar a un escaño en el Senado y el presupuesto del departamento, para el que se preveían 15 millones, sigue a cero al tumbar el Congreso las nuevas Cuentas Públicas.

Fundación y familia Franco

El nuevo frente abierto entre el Gobierno y la familia Franco es el pazo de Meirás. El pasado julio, la Abogacía del Estado presentó en los juzgados de La Coruña una demanda contra los herederos por la propiedad de la que fue residencia de verano del dictador.

Defiende que su compra fue «simulada» y «fraudulenta», y el juzgado ha aceptado que intervengan en el proceso el Ayuntamiento de Sada, municipio donde se encuentra el pazo de Meirás, y la Xunta de Galicia, interesados también en que la propiedad pase a tener titularidad pública.

Con el fin de la legislatura, en el tintero ha quedado asimismo la reforma integral de la ley de Memoria Histórica prometida por el Ejecutivo. A través de ella se iba a modificar la normativa en materia de fundaciones, para poder ilegalizar a las que inciten al odio o la violencia contra las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Nadie toca a Billy el niño

Hasta 15 querellas por torturas se han presentado en los juzgados hasta la fecha contra el exinspector de la brigada político-social del franquismo Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, pero la mayoría han sido ya rechazadas o archivadas al considerarse prescritos los presuntos delitos que incluyen.

Con ese mismo argumento, en 2014 la Audiencia Nacional rechazó extraditarle a Argentina, donde la jueza María Servini sigue adelante con su investigación de los crímenes del franquismo.

González Pacheco mantiene también mientras tanto las condecoraciones policiales con las que se reconoció su labor en su día. El Ministerio del Interior ha esgrimido que no está regulada la posibilidad de retirar esas medallas a policías y, por el momento, no se han materializado sus planes de reformas legislativas para que se puedan revocar y serle despojado de ellas.