Las Cortes de Castilla y León tumbaron hoy miércoles la propuesta del Grupo Socialista para la adopción de medidas para dotar de más presupuesto y mejorar la calidad de vida de las 190.000 personas con discapacidad y sus familias en en la Comunidad. La moción presentada por los socialistas contó con el rechazo del Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos y Vox, que presentaron varias enmiendas que no fueron aceptadas por el PSOE, mientras que Podemos, UPL y Por Ávila la respaldaron.

El procurador socialista Rubén Illera aseguró que la batería medidas de la moción iba encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. "Les invito a que construyamos entre todos un gran futuro y ahondemos con fuerza en la búsqueda de detección de las particularidades que engrandecen a todas las personas con capacidades diferentes", precisó.

Además, reclamó cambiar la percepción de la sociedad de la discapacidad y obligar a todos los castellanos y leoneses a modificar la conceptualización que tienen sobre el colectivo, para que solo vean en estas personas la "riqueza del ser humano". De ahí que apostara por que las políticas públicas vayan hacia los sectores con mayor vulnerabilidad social y "no dejar a nadie atrás". En este sentido, Illera demandó gran dosis de creatividad e innovación así como una coordinación entre administraciones y el tercer sector. Hizo hincapié en que la doble crisis actual (sanitaria y económica) perjudica, de forma especial, a las personas jóvenes con discapacidad.  

La moción del Grupo Parlamentario Socialista incluía la necesidad de elaborar un estudio  sobre los efectos de la crisis del COVID-19 para las personas con discapacidad que sirva para monitorizar las diferentes políticas públicas que se implantan en la Comunidad para favorecer su calidad de vida ahora y no dentro de unos años, cuando ya nada se puede hacer. También, reclamaba la convocatoria en el plazo máximo de un mes una línea de subvenciones dirigida a las entidades sin ánimo de lucro, tal y como lo reclama el tercer sector desde el mes de junio. Frente a esta demanda, Illera aseveró que la consejera de Familia "no está ni se la espera".

El texto también reclamó potenciar las acciones del II Plan de Atención a la Diversidad y ampliar el personal de los centros bases, después de recordar que los niños reciben atenciones con 15 días de retraso y de forma telemática. Cargó contra el Grupo Popular al que acusó de un "desconocimiento aberrante e insultante" de la situación que vive el colectivo de las personas con discapacidad.  

Grupo Mixto

La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, preguntó a la Junta si se dedica a algo más que hablar con el tercer sector de la discapacidad pero sin escucharles. No en vano, consideró que el trabajo de estas entidades no debe "eximir" a que la Consejería de Familia haga su labor. Entre ellas, dotar adecuadamente los centros base y de atención primaria, con suficiente personal y atención temprana coordinada entre las tres consejerías competentes como Familia, Educación y Sanidad.  

También precisó que hay otras áreas afectadas como Fomento (supresión de barreras), Medio Ambiente (deterioro del medio ambiente que afecta a algunas discapacidades) y Cultura (lograr que sea algo universal para que las personas con diferentes capacidades sean espectadores y artistas). Por lo tanto, exigió un enfoque integral por parte de la administración, además de lamentar que "muy pocas veces" se habla de discapacidad en las Cortes de Castilla y León

Domínguez también reclamó la intervención de la Junta en la situación que atraviesa Aspanias Burgos, una entidad que, precisó, recibió en 2019 más de cuatro millones de euros por parte de la Junta, pese a que ahora está en quiebra y ha anunciado el despido de un elevado número de trabajadores, muchos de ellos con discapacidad. "La Junta da dinero pero, luego, no controla qué se hace con él y la consejera ni siquiera coge el teléfono a los trabajadores", expuso.

Cs

María Montero, de Ciudadanos (Cs), coincidió con el Partido Socialista en su deseo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y a los cuidadores de las personas dependientes. Eso sí, contrapuso la moción socialista al recordarle que, actualmente, algunas de sus peticiones ya se llevan a cabo. Valoró que la Consejería de FAmilia ya realiza un "gran trabajo" en dependencia y servicios sociales, hasta el punto que precisó que la calificación obtenida hace unos meses por Castilla y León era de un 9,25, la nota más alta de toda España. "Aquí, se trabaja con esfuerzo para que las personas que más lo necesitan estén bien atendidas", aseveró.

En cuanto a las subvenciones, Montero declaró que la Junta ya las concede a las entidades del tercer sector para mejorar la protección del personal y los usuarios. Además, apostó por el "eje central" de la equidad, que no es otra cosa que la atención que satisface las necesidades específicas de cada persona. "Es una condición necesaria e indispensable para garantizar la igualdad", significó.  

El Grupo de Ciudadanos reconoció la dificultad para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, algo que se agravó durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 al ser un colectivo que no pudo salir de sus hogares o acudir a los centros de día, lo que supuso una "merma considerable" de su calidad de vida y un retroceso en su aprendizaje.  

También abogó por el pleno desarrollo intelectual, físico y emocional "con todas las garantías" de los niños y jóvenes en su etapa educativa. En este sentido, defendió el papel de los centros de educación especial. "Estamos a favor de la educación inclusiva pero también de la especial", declaró.

Por ello, la enmienda de Cs planteaba que el personal de los centros base para la atención temprana solo se ampliará cuando sea "estrictamente necesaria" y, en la actualidad, no existen listas de espera y se atiende la demanda, "al cien por cien". En cuanto al Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, Montero aseguró que ya está en vigencia.

En la misma línea se expresó la procuradora del Grupo Popular María Ángeles García quien señaló que la moción del PSOE recoge nueve puntos, de los que muchos ya se llevan a cabo. Lo achacó al "escaso" conocimiento de Rubén Illera sobre las actuaciones que desarrolla la Junta. No en vano, recordó que Castilla y León es una comunidad con presupuestos sociales. 

De ahí que solicitara la votación de la moción por separado, al modificar los puntos 1 (relativo a la elaboración de un estudio sobre las consecuencias de la crisis del coronavirus, una vez finalice la pandemia y no de forma inmediata como reclamaba el PSOE), 4 (ampliar el personal de los centros de base "cuando las necesidades así lo demanden"), 5 (presupuestos para políticas sociales referenciados en 2018 y no en 2012) y 6 (esperar a conocer el grado de ejecución del Plan de Igualdad de Oportunidades a que finalice su vigencia).