Justo tres años después del inicio de los contactos del Ministerio de Agricultura con el sector (octubre de 2018) para establecer un calendario y elaborar el Plan Estratégico al que se destinarán los más de 47.000 millones previstos en la próxima reforma de la Política Agrícola Común y a dos meses para el plazo fijado por la propia Administración para cerrar su redacción y enviarlo a Bruselas, el Plan Estratégico sigue abierto al debate y, en algunos puntos importantes, con posiciones muy opuestas. Aunque existen consensos de filosofía para elaborar un plan que contemple una reforma para una PAC más justa y redistributiva con la explotación familiar como eje, la realidad es que esos planteamientos solo se hallan sobre el papel y es difícil encajar las piezas de todas las comunidades autónomas, la del propio Ministerio y las de las organizaciones agrarias. La última reunión de la Conferencia Sectorial fue un ejemplo donde el principal punto de acuerdo fue seguir negociando, pero dominaron las dificultades para llegar a un acuerdo.

Primero, por la gran diversidad de las explotaciones.

Segundo, por la gran disparidad de agricultores, desde el muy pequeño que trabaja directamente su tierra, aunque sea a tiempo parcial, hasta el muy grande que no la pisa, pero que asume cada campaña los riesgos de la explotación.

Tercero, porque, con tantos millones en juego, los debates sobre la PAC alcanzan otra dimensión al entrar en un reparto de fondos donde cada consejero hace sus cuentas, tanto por razones económicas como políticas.

Las docenas de reuniones celebradas en los últimos tres años para lograr un acuerdo con el máximo consenso tienen finalmente el obstáculo de celebrarse en un clima de división provocado por la política de continuidad que impuso en la reforma de 2014 de Miguel Arias Cañete (Jerez de la Frontera), en la que Andalucía fue la más beneficiada. Frente a ese escenario, el ministro Luis Planas, valenciano, pero arraigado entre Córdoba y Sevilla, señalaba, y a la vez advertía a caminantes, que su objetivo era lograr una reforma para una PAC más justa y redistributiva, sin exclusiones, pero no una revolución. Todo lo contrario de los cambios profundos defendidos, entre otros, por consejeros como Joaquín Olona, en Aragón, Francisco Martínez Arroyo, en Castilla-La Mancha o desde Navarra, que pretenden dar un vuelco para acabar con algunos aspectos que consideran agravios comparativos a la igualdad como los cobros de pagos por derechos históricos sobre superficies de cultivo que hoy no existen o por cabañas ganaderas desaparecidas. «Hay situaciones como los pagos por derechos históricos que son injustificables por lo que suponen de discriminatorios para otros agricultores que llevan a cabo la misma actividad y que no se pueden mantener» señala el consejero castellanomanchego.

Además de revolución o reforma, se mantienen los debates sobre la definición de agricultor activo como perceptor de la ayuda considerando como tal a quien se halle dado de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o cuando un 25% de su ingresos totales proceden de la actividad agraria, pero considerando igualmente como activos a quienes perciben menos de 5.000 euros de ayudas directas.

Hay coincidencia entre comunidades autónomas y Agricultura para incluir a ese colectivo de unos 450.000 pequeños agricultores, el 70% de los perceptores de ayudas, por su peso en el sostenimiento del territorio, porque según datos de Atocha, en un 60% cumplen con la exigencia de que el 25% de sus ingresos procedan de la actividad agraria y porque además solo reciben el 15 % de los pagos, mientras en la parte alta un 1,26% cobran el 16%. Pero también hay diferencias. Joaquín Olona estima que no por cobrar algún dinero de la PAC ya se pueda considerar a uno como un agricultor activo. Se coincide sin embargo en que la PAC será tanto más importante cuanto mayor sea el colectivo afectado, por la propia supervivencia de la misma. Por ello, existe el acuerdo con Planas de que en la PAC no sobra nadie, aunque para ese colectivo de los muy pequeños se apliquen algunas limitaciones como la imposibilidad de acceso a la reserva de derechos. Obviamente nadie discute la exclusión de los pagos a los territorios dedicados al deporte, campos de golf, tierras de inmobiliarias, de RENFE o de aeropuertos.

No hay ni se espera un cambio en Atocha en materia de reducción de regiones, pasando del medio centenar a la veintena planteada ya en la Sectorial de julio, frente a la posición más radical de algunas autonomías de dejarlas en solo cuatro: secanos, regadíos, pastos y cultivos permanentes.

En lo que afecta a la convergencia en una misma región, los compromisos muestran una clara posición oficial de ir retrasándola. Frente al acuerdo inicial en 2020 de llegar al 100% de la convergencia en 2026, hoy los plazos contemplan pasar del 70% actual hasta llegar al 85% del valor medio en 2026 y aplazar hasta 2029 la convergencia plena del 100%, así como analizar en 2025 el fin de los pagos por los derechos históricos y la posibilidad de los pagos por superficie.

Uno de los debates de fondo es la necesidad de una redistribución de los fondos de forma prioritaria entre los «profesionales» de verdad y para las medianas explotaciones. Frente a las voces más críticas sobre este punto, Agricultura insiste que ya el 32% de los profesionales reciben 86% de las ayudas PAC, a los que se suman ese 60% de los pequeños profesionales con menos de 5.000 euros de ayudas que tienen un 25% de sus ingresos de la actividad agraria. Por ello, se entiende oficialmente que, entre unos y otros, los agricultores y ganaderos profesionales suman el 96% de las ayudas y la política realizada hasta la fecha sería la correcta.

En relación con los pagos redistributivos que suponen el 10% del montante de los pagos directos y casi el 17% del pago básico, persiste el debate sobre el número de las primeras hectáreas de una explotación que puedan beneficiarse de esa ayuda complementaria. La propuesta de Agricultura, bien recibida, plantea dejar las cosas como están para las más pequeñas, ajustar en la parte alta y aumentar entre un 40% y un 50% los pagos a las medianas explotaciones.

En lo que afecta a los pagos de las ayudas acopladas a la producción, Atocha señala que, en la mayor parte de los casos son profesionales con cobros por encima de los 5.000 euros que reciben el 93,5% de los fondos. Se mantiene abierto el debate sobre la degresividad de este tipo de ayudas, de la que hay igualmente grandes perceptores.

En consecuencia, a dos meses de concluir los debates, muchos frentes abiertos. Revolución o reforma de la PAC. Más bien reforma.