El Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia ha impuesto una condena de tres años y tres meses de cárcel a un preso que en octubre de 2018 agredió a un funcionario del Centro Penitenciario de Segovia causándole traumatismos en mandíbula, antebrazo derecho, quinto dedo izquierdo de la mano y glúteo derecho. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado la sentencia de “ejemplarizante”.

El preso, que ya se encontraba en la prisión de Segovia por un delito de atentado, entre otros, recibe esta nueva condena por un delito de atentado contra funcionarios de la autoridad, uno de amenazas graves y otro delito leve de lesiones. El sindicato CSIF, que ejerció la acusación particular en este juicio, ha subrayado que seguirá defendiendo y apoyando a los trabajadores de prisiones, “para que caiga todo el peso de la ley sobre cualquier interno que agreda a un funcionario en el desempeño de sus funciones”. Además ha insistido en que “son muchas las agresiones y amenazas que se producen y la administración penitenciaria no puede mirar para otro lado en estas situaciones”.

El fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia, con fecha de 12 de marzo de 202, declara expresamente probado que, sobre las 18.30 horas del día 26 de octubre de 2018, cuando se encontraba en su celda del Centro Penitenciario de Segovia, el preso V. J. G. requirió a voces la presencia de los funcionarios sin cesar de gritar, por lo que fue requerido para que se pusiera contra la pared con el objetivo de cachearle. En ese momento propinó dos puñetazos en la cara al funcionario, por lo que fue reducido, pero aun así continuó profiriendo amenazas y gritos e incluso intentó provocar un motín.

La sentencia condena a ese interno a dos años y un mes de prisión como autor responsable de un delito de atentado contra funcionarios de la autoridad con la agravante de reincidencia, y a un año y un mes por un delito de amenazas graves. Asimismo, por un delito de lesiones se le impone dos meses de multa, con una cuota diaria de dos euros, y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Además, se le condena al abono de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular que ha ejercido CSIF. En relación a la responsabilidad civil, se condena al acusado a indemnizar al funcionario agredido en la cantidad de 420 euros.

CSIF ha insistido en que lleva más de tres años pidiendo al Ministerio del Interior, a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y a todos los partidos políticos “que se cubran las vacantes de personal” que se acumulan el Centro Penitenciario de Segovia y en todas las prisiones de Castilla y León; que se aporten más medios; y una mayor determinación de la Administración para intentar erradicar las agresiones y cualquier tipo de violencia en los centros penitenciarios para poder trabajar con seguridad.

En este momento, las vacantes que hay en la prisión de Segovia suman 70, y en toda la Comunidad, unas 700. Esta cifra supone aproximadamente la cuarta parte de los más de 2.800 puestos contemplados en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros penitenciarios de Castilla y León.