El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, afirma que la sentencia que absuelve a varios exmiembros del consejo de administración y exdirectivos de la entidad de ahorro por el caso de las altas prejubilaciones les «ha decepcionado»  y entiende que hubo un «abuso de confianza por parte del consejo de dirección». Subraya que el caso le ha conllevado «un coste personal grande» y pide humildad a quienes hablan de la situación económica de la Caja «cuando el resultado de las decisiones que se toman en los órganos de gobierno desembocan,  directa o  indirectamente, en  la desaparición de la propia entidad».

¿Qué análisis han realizado en la Fundación de la sentencia absolutoria para todos los acusados? 

La sentencia nos ha decepcionado. La Fundación ha seguido adelante en este procedimiento desde que lo acordó el consejo de la Caja, en noviembre de 2012, antes de que fuera creada, y hemos venido manteniendo el criterio que coincidía con el sentir general de la ciudadanía, al considerar que había habido un abuso en la forma en que se establecieron las prejubilaciones. Pensaba que en la sentencia se analizarían las diferentes situaciones y se graduarían cada una de las responsabilidades pero lo que hace es negar de entrada la existencia de responsabilidad, no matiza. 

¿Cuál será su posición respecto al recurso? 

El Patronato ha decidido interponer recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia, en principio por la condena en costas [a JuanMagaña porque la Sala entiende que la acusación resulta «temeraria y, podría decirse, arbitraria»], que no parece procedente, encargando al letrado Rafael Yturriaga que estudie las fundamentaciones. Se sopesan  muchas cosas, también las posibilidades económicas para afrontarlo.  El recurso de casación es muy técnico, especialmente limitado si es contra una absolución y  habría que ver si hay que recurrir todas las absoluciones o una parte, hay distintas posibilidades. No tenemos intención de forzar las cosas más allá de lo razonable. Los motivos concretos y el alcance se delimitarán a medida que el letrado considera en qué aspectos  puede haber fundamento.  Previamente se ha presentado recurso de aclaración por una fecha que se consideraba que no estaba correcta, un error puntual, sin importancia de fondo.  Desde su resolución, comenzarán otra vez los plazos para la interposición del recurso de casación. 

Sin embargo, la sentencia plantea unos fundamentos contundentes, ¿qué posibilidades pueden existir de que el recurso de casación prospere? 

La condena en costas no la compartimos, en absoluto, eso ya sería motivo de recurso, considerar que la Fundación ha actuado temerariamente en todo este proceso, me parece que no se compadece con la forma en que se ha venido desarrollando, incluso, en dos ocasiones, la Audiencia Provincial ordenó que siguiera la causa, lo que quiere decir que había motivación suficiente.  Esos hechos se pueden ver desde otro punto también con la misma capacidad de convicción y es lo que ha defendido la Fundación. 

Al ser usted el presidente de la organización que ha planteado la acusación particular, algunos de los acusados han centrado las críticas en su persona...

En 1995, yo formaba parte del consejo de administración que contrató a Escribano como director. En el juicio aclaré perfectamente que ese contrato, desde entonces, sufrió tales modificaciones,  que no tenía nada que ver con el inicial, ni en cuanto a retribuciones ni a cláusulas. No puedo expresar ninguna crítica de  Escribano, fue un buen director general, lo que ha ocurrido en Caja Segovia es que, en los años iniciales de este siglo, en paralelo a cómo evolucionaron  las entidades financieras, hubo como un cambio en las pautas de funcionamiento que casi nos parece irreconocible a quienes formamos parte de ella años atrás. 

He cumplido con mi obligación, esto me ha producido un coste personal grande porque, incluso,  tenía amistad con algunos acusados, como Atilano Soto. Visto el resultado, ellos mismos pueden reconocer que ha sido positivo, se han podido defender y ha salido una sentencia absolutoria que será definitiva o no, ya lo veremos. Con independencia del juicio moral sobre lo que ha pasado en la Caja, como se dice en la sentencia en referencia al auto de la Audiencia de 27 de enero de 2017 [que «se cuidó de señalar que ni se investigan ni se enjuician comportamientos morales, sociales o deontológicamente reprochables, quedando los juicios morales, sociales o políticos reservados para otros foros distintos del judicial»], ellos cuentan con un apoyo en relación a su conducta. 

¿Qué opinión tiene de algunos argumentos, como la fortaleza de Caja Segovia?

Cuando se habla de los resultados de manera grandilocuente, incluso con cierta vanidad, debería haber también un poco de humildad. Con esto no culpo a nadie de lo que ha pasado, pero, cuando el resultado de las decisiones que se toman en los órganos de gobierno desembocan,  directa o  indirectamente, en  la desaparición de la propia entidad creo que hay que medir las palabras. Vamos a respetarnos todos, que es lo mejor, e intentar recomponer esta situación. No obstante, las prejubilaciones no tienen relación con la fusión de las Cajas.

¿Sigue pensando que se han registrado irregularidades en el caso de las prejubilaciones? 

Como dije en la vista oral, lo que se ha producido es un abuso de confianza sometiendo al consejo de administración a acuerdos sin que se informara concretamente de la repercusión económica. En un momento determinado ha habido un abuso de confianza y es lo que ha fallado en todo este proceso, si en 2010 los órganos de dirección hubiesen informado puntualmente al consejo y éste hubiese aprobado estas indemnizaciones sabiendo lo que aprobaba, todo esto no se había producido, ahí es donde veo yo una deslealtad, por utilizar el término que empleé en el juicio, se puede emplear otro, pero creo que no ha habido una actuación correcta de los órganos de dirección en el tema.