Ecologistas en Acción de Segovia ha presentado alegaciones a dos grandes proyectos que se desarrollarían en las cercanías de Segovia capital: por un lado, la primera fase del conjunto de cinco instalaciones que conforman el 'Nudo Segovia', entre Valverde del Majano y Abades, con una potencia de casi 500 MW; y el llamado proyecto 'Otero' de Iberdrola, entre Marazuela y Marazoleja, también con 500 MW de potencia. "Estos proyectos son un ejemplo local de un fenómeno extendido en Castilla y León y otras regiones: la búsqueda, por parte de empresas y fondos de inversión, de terrenos aptos para instalaciones de energía renovable y la consiguiente cascada de iniciativas que se presentan a aprobación", afirman desde este colectivo. "Un movimiento impulsado por el Gobierno -a través del PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030-para cumplir con los objetivos de descarbonización del sistema energético que determinan que, en una década, deberán ponerse en marcha unos 52 GW (52.000 MW) de nueva potencia renovable, de los cuales unos 30 GW (30.000 MW) serán fotovoltaicos".

"La gravedad de la crisis climática exige que la transición hacia un sistema energético descarbonizado se produzca con la mayor celeridad posible", añade EA en un comunicado. "Pero el proceso traerá consigo impactos sobre el paisaje, la biodiversidad y las poblaciones rurales a una escala que empezamos ahora a vislumbrar". Y un "ejemplo expresivo" considera que está en Segovia: "Mientras que la extensión del área urbanizada del municipio de Segovia es de 1.959 hectáreas (SIOSE 2005), los 500 MW del proyecto segoviano de Iberdrola supondrían la ocupación de 1.200".

Alcanzar el objetivo marcado por el PNIEC requerirá, para el conjunto de España, multiplicar por 60 esta cifra hasta alcanzar las 72.000 has, un 0,144 % del territorio nacional, y para poner en perspectiva lo que esto implica puede ayudar el dato de que “todo lo construido en España —como ciudades, carreteras, vertederos, industrias…— supone un 2,56% de la superficie del país”, según Alexandra Delgado, investigadora de la Universidad de Nebrija. "Reducir al máximo los impactos territoriales y sociales del despliegue de renovables, y repartir de forma equitativa sus beneficios, debe ser una prioridad de las administraciones y dependerá en buena medida de que hagan una planificación adecuada y mantengan un control estricto sobre el desarrollo de las nuevas instalaciones", prosiguen desde EA.

"Desde Ecologistas en Acción de Segovia queremos además destacar que toda esta transformación no tendrá sentido si no se produce en el marco de una reducción del consumo total de energía y de un cambio hacia un modelo de producción-consumo energético lo más democratizado y distribuido posible". Así, la relación de criterios generales que en opinión de este colectivo, deben orientar el proceso de transición energética de la próxima década, es el siguiente:

- Ahorro y eficiencia como motor de la transición, a través de medidas de contención del consumo material, economías más locales, desarrollos urbanísticos limitados y rehabilitación energética.

- Generación renovable distribuida y con participación ciudadana. Las instituciones deben promover la producción distribuida y cercana a los puntos de consumo, mediante el impulso a un desarrollo masivo del autoconsumo doméstico, agrícola o industrial y de las comunidades energéticas, un modelo con menor impacto sobre el territorio y más democrático que el modelo centralizado, basado en grandes instalaciones, que refuerza el oligopolio energético. Esta promoción implica una acción de información, asesoría y acompañamiento por parte de las administraciones más próximas, ayuntamientos y diputaciones, que permita superar las barreras informativas y burocráticas existentes, como ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, con su Oficina de la Energía.

- Planificación y control cuidadosos del despliegue industrial renovable para minimizar el impacto sobre el territorio al que puede dar lugar una avalancha desorganizada de proyectos de instalaciones fotovoltaicas y eólicas mediante: Orientaciones claras sobre su distribución territorial que permitan un reparto equitativo tanto de sus impactos negativos como de sus posibles beneficios.

-Adecuada planificación de las redes de evacuación y de los puntos de distribución.

-La priorización de ubicación para estas instalaciones en zonas de transición justa, que precisen de reactivación económica.

-La determinación de zonas de exclusión con valor ecológico, paisajístico, cultural y patrimonial. Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado una primera Zonificación ambiental para energías renovables es necesario un ejercicio complementario, más detallado, por parte de las administraciones autonómicas.

-La aplicación estricta de la evaluación de impacto ambiental y territorial, el seguimiento del cumplimiento de las medidas de minimización y compensación y el monitoreo de los impactos ambientales y sociales a lo largo del tiempo.

"Un buen ejemplo de la necesidad de planificación que integre criterios de diferente naturaleza se plantea en el entorno de la ciudad de Segovia: en un corredor de poco más de 20 kilómetros de longitud hacia el noroeste de la capital se han planteado proyectos de desarrollos fotovoltaicos que suman cerca de 1 GW de potencia instalada (una treintava parte de la potencia prevista para todo el país en la próxima década)", incide Ecologistas en Acción. Y en este sentido, defiende la necesidad de "revisar en profundidad" los proyectos presentando, entre otras alegaciones, una con la que manifiesta que "es imprescindible analizar globalmente los efectos conjuntos o sinérgicos de todos los proyectos dada la proximidad de las diversas instalaciones previstas". "Planteamos, en cualquier caso, la reducción drástica de la dimensión planteada en la planta Otero, de 500 MW, al menos a la mitad". "Además, reclama "medidas agroambientales compensatorias en terrenos adyacentes, así como otro tipo de medidas de protección y mejora de la biodiversidad". También reclama el establecimiento de una fianza "como garantía de que realmente se abordará la restitución del suelo y la retirada de todas las instalaciones una vez cumplido el plazo de funcionamiento de la planta fotovoltaica".