La entrada en vigor el pasado mes de junio del ingreso mínimo vital no ha servido para reducir en Castilla y León el número de familias beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, que se mantiene alrededor de las 9.000, según confirmó ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Tras presidir la Mesa de Renta Garantizada de Ciudadanía, en la que participaron los representantes del Diálogo Social, Blanco explicó que el objetivo es no perjudicar a ningún beneficiario y que «nadie se quede por el camino», por lo que esta misma semana el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de subvenciones a beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía con la prestación suspendida al tener reconocido el ingreso mínimo vital, pero por un importe inferior al que recibían.

La consejera también denunció que en algunos casos las ayudas del ingreso mínimo vital son hasta en 700 euros inferiores a las que se estaban percibiendo a través de la renta garantizada de ciudadanía.

En total, la cuantía de las subvenciones supera los 211.000 euros y el número de familias beneficiarias es de 267, aunque se irán actualizando conforme se vaya incrementando el número de casos. En lo próximos días, según explicó la consejera, los servicios sociales autonómicos contactarán con los beneficiarios para formalizar la aceptación de una subvención que se abonará mensualmente.

Blanco indicó que con el objetivo de que ningún perceptor de la renta garantizada de ciudadanía reciba un ingreso menor con el ingreso mínimo vital, ya se han iniciado los trámites para modificar la ley que regula el subsidio autonómico. En este sentido, adelantó que este cambio normativo ya ha pasado el trámite de gobierno abierto y que podría llegar a las Cortes regionales en octubre para su tramitación parlamentaria, por lo que hasta su aprobación definitiva se mantendrán estas subvenciones nominativas.

La cuantía que corresponde a cada persona beneficiaria de esta subvención resulta del cálculo de la diferencia entre el importe que tenía reconocido con anterioridad a la suspensión de la renta garantizada y el importe de la prestación estatal de ingreso mínimo vital que le ha sido reconocido según datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Mismo número.

or otra parte, Blanco indicó que hasta la declaración del estado de alarma la media de familias que recibían la renta garantizada rondaba las 9.000 en la Comunidad. En junio, el Gobierno reconoció de oficio en Castilla y León a 1.470 con el ingreso mínimo vital, cifra que en julio y agosto se incrementó hasta las 1.655. De éstas, 548 cobran menos con el ingreso vital que con la renta garantizada, aunque hay 281 que tienen suspendida la prestación por diferentes causas como puede haber sido un incremento de los ingresos al haber encontrado un empleo.

Además, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades recalcó que el pasado mes de julio la nómina de familias que recibieron la renta garantizada de ciudadanía ascendió 9.184 y en agosto descendió a 8.598, a las que hay que sumar las 267 que se beneficiarán de las subvenciones, lo que suman un total 8.875. En este sentido, indicó que en los últimos meses se tramitaron 3.547 altas y 3.015 bajas, por lo que apenas ha variado la cifra total.