En el ecuador de la primera semana de la vuelta al trabajo de las actividades no esenciales, las compañías han tenido que fortalecer las medidas de prevención y estudiar alternativas para que el desempeño de la actividad sea seguro.

La escasez de materiales, desde EPIs a test, ha complicado un regreso que ha permitido evitar el parón pero que no ha sido ajeno a polémicas por considerarse precipitado desde el ámbito sanitario e incluso desde algunos sectores políticos.

Ni los 10 millones de mascarillas repartidas por el Gobierno por todo el territorio, que en muchas localidades se consideran insuficientes, o la dificultad a la hora de mantener la distancia de seguridad en muchos centros laborales ayuda a frenar la expansión del coronavirus. Unos hechos que los empresarios creen que lastra a la economía por la falta de protocolos, porque, más allá de la guía de buenas prácticas facilitadas por el Gobierno, directamente recae en la industria o en la voluntad del trabajador que acude a su puesto de trabajo.

Cada compañía ha tenido que pensar en su estrategia segura y establecer protocolos en los que se ha estado pensando desde que el 30 de marzo se endureciera el estado de alarma parando las actividades no esenciales. Estudiar una vuelta segura se estimó como prioritario también desde el Gobierno, que indicó una guía de buenas prácticas días antes. En tres semanas de parón, alternativas como la incorporación escalonada se han podido cerrar a nivel particular de cada empresa, no así protocolos de acuerdo a resultados de diagnóstico derivados de la realización de test, debido a la escasa disponibilidad e incluso, como en el caso de Gamesa, tal y como ha podido confirmar El Día de Soria, a la requisa de una remesa de más de 2.000 test de detección rápida del coronavirus por parte del Gobierno al proveedor que iba a suministrarlos a la multinacional. Eran los planes de la compañía cara a la vuelta a la actividad.

Inicialmente se iban a comenzar a realizar este lunes, con la reanudación de la actividad, pero finalmente la medida se retrasó tal y como confirmaron al comité de empresa de la fábrica, salvo en el caso de 200 trabajadores de mantenimiento a los que, según las mismas fuentes, sí les llegaron a practicar el test.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, negó que se le requisara dicho material a la compañía, aunque recalcó que las empresas que dispongan de material de detección deben ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para garantizar que su seguridad y fiabilidad.

Analizar los riesgos y buscar soluciones es una tarea de cada empresa que, en esta situación extraordinaria, también está resultando compleja.