La Junta de Castilla y León recaudó a través de los tributos que gestiona 637,43 millones de euros en 2018, que representan un aumento del 3,7 por ciento en relación a la cuantía que cobró el año anterior, según se desprende de los datos de la memoria fiscal recogidos por Ical.
El documento constata que la recaudación por el Impuestos de Sucesiones y Donaciones se situó en 180,23 millones de euros el año pasado, lo que representa una merma del 6,9 por ciento en relación a 2017.
Por el contrario, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados arrojó unos ingresos para el Ejecutivo autonómico de 288,26 millones de euros, que suponen un importante aumento del 12,3 por ciento en relación al año anterior, impulsado por el aumento de la venta de viviendas.
En concreto, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales sumó más de 204 millones de euros, con una subida del 11,9 por ciento; mientras que el de Actos Jurídicos Documentados ascendió a 84,42, con un alza del 13,4 por ciento.
En cuanto a las tasas por juego, supusieron unos ingresos para la Comunidad, de 71,14 millones de euros, con un aumento del 4,4 por ciento. Así, en conjunto, los tributos cedidos a la Comunidad (sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y tasas del jugo), sumaron para las arcas autonómicas 539,84 millones, con un avance del 4,1 por ciento.
Por lo que se refiere a las tasas de la Comunidad, permitieron una recaudación a lo largo del ejercicio pasado de 25,38 millones de euros, que suponen una bajada en relación al ejercicio precedente del 4,2 por ciento, siempre según los datos facilitados por del departamento que dirige Pilar del Olmo.
Tributos propios
En cuanto a los tributos propios, cabe destacar que el Impuesto sobre Afección Medioambiental supuso unos ingresos para la Comunidad de 63,99 millones de euros, un 4,4 por ciento más que en 2017. En este sentido, los parques eólicos (200 declaraciones), sumaron 25,1 millones; los embalses (32), 32,61 millones; el tranporte de energía eléctrica (17), 4,59; y la central nuclear de Garoña, 1,68.
Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico incluyó en sus cuentas de ese año, una recaudación anual de diez millones por el desmantelamiento de Garoña, pero sólo se pudo gravar un mes y medio, al posponerse la aprobación de la ley por las Cortes hasta noviembre.