El Grupo de Ciudadanos ha sido el primero y el único hasta ahora en cerrar los nombres de sus procuradores en la resucitada comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León y pide presidirla, mientras que, sin plazo para comunicar sus representantes a la Presidencia de las Cortes, socialistas, populares y mixto se lo piensan.

Según la consulta realizada por Ical a los grupos, después de que la Mesa de las Cortes haya tomado conocimiento de la creación de esta comisión, aunque no ha derminado un plazo para que se comuniquen sus componentes, el PSOE registró a sus representantes pero los va a cambiar, el PP no ha decidido aun quienes serán sus miembros en la misma y el variopinto Mixto (Podemos, UPL, Vox y Por Ávila) no se ha puesto todavía de acuerdo.

Por parte de Ciudadanos, según avanzaron fuentes de este grupo, serán miembros de la comisión de las eólicas Juan Pablo Izquierdo y José Ignacio Delgado -formó parte de la misma en la pasada legislatura, aunque estuvo bloqueada y sin actividad-, procuradores por Palencia y Burgos, respectivamente.

En uno de los acuerdos de PP y Ciudadanos que facilitó la aprobación de los presupuestos en la pasada legislatura, con la abstención de los segundos, se recogió que el partido mayoritario no vetaría los comparecientes que contaran con el respaldo de toda la oposición y que la presidencia de la comisión recaería en quien la solicita. Sin embargó, este principio, sin efecto retroactivo, no afectó a la creada de las eólicas.

La comisión de las eólicas se constituyó en octubre de 2015, en una situación de empate entre el PP, que perdió la mayoría absoluta, y los grupos de la oposición. Fue la primera después de 18 años, motivado por la configuración de las Cortes. Se pactó un listado de 41 comparecientes, pero la oposición pidió, en febrero de 2016, incluir a Juan Vicente Herrera. “¿Quién le ha impedido solicitar mi comparecencia”, retó el entonces presidente en su respuesta en el pleno.

Durante todo la vida de la misma, pero sin ninguna actividad ni citar a ninguno de los comparecientes, la oposición acusó de manera reiterada al PP, que siempre ha primado la investigación judicial sobre la política, de “obstrucción” y los ‘populares’ a PSOE, Podemos, Ciudadanos y Mixto (UPL) de montar “un circo”. De hecho, los socialistas recurrieron ese “bloqueo” ante el Tribunal Constitucional, que les dio la razón.

En concreto, la comisión decayó con la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones el pasado mes de abril, pero el Grupo Socialista, al inicio de este mandato, registró el pasado 3 de junio de nuevo su constitución. A finales de agosto, los grupos Popular y de Ciudadanos, socios de Gobierno, pidieron la creación de tres comisiones de investigación: eólicas, fondos Miner y ayudas a la publicidad institucional.

La comisión, como en la pasada legislatura, no solo se centra en la adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, sino también a la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un Parque Empresarial y a la del edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda y sobre las oficinas del sector público de la Comunidad, con inclusión de ADE Internacional EXCAL, en ciudades del exterior de España.

Aunque en esta ocasión la comisión fue solicitada también por PP y Cs, como figura entre sus cien puntos del pacto de gobernabilidad, fuentes de Podemos se mostraron pesimistas en su arranque y efectividad en las comparecencias, ya que, como recordaron, la causa está en los tribunales y no ha variado el argumento esgrimido por los ‘populares’ para mantenerla bloqueada en la pasada legislatura.