Los secretarios Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO y de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Fernando Fraile y Raúl Santa Eufemia, respectivamente, exigen a la Junta de Castilla y León, que retome “con urgencia”, en cuanto se haya superado la pandemia, la extensión territorial y competencial del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), ante una “más que previsible” avalancha de conflictos laborales individuales y colectivos por la crisis económica tras el COVID-19.
La petición llega tras solicitar el TSJCyL esta semana, que se refuerce “urgentemente” los juzgados de lo Social, para evitar su colapso dada la situación de retraso ya existente y la previsible masiva presentación de demandas por el COVID-19. Los responsables sindicales recalcan a Ical, que impulsar el Serla descongestionaría la Justicia y mejoraría la Negociación Colectiva en la Comunidad, porque “es esencial el diálogo entre las partes de igual a igual” y evitar la judicialización de los conflictos ante el “bloqueo” del diálogo que suponen y el “trauma” que generan a las partes por su extensión en el tiempo.
El Serla tiene previsto retomar la actividad de las mediaciones, en su sede de Valladolid, los días 4 y 5 de junio, y se está diseñando un protocolo para garantizar la seguridad de todas las partes. Está previsto que esos dos días se acometan las mediaciones con cita que quedaron pendientes de realizar en los días previos y posteriores al estado de alarma, 31 procedimientos.
Asimismo, según fuentes consultadas por Ical, a partir del día 8 de junio las mediaciones empezarán los procesos individuales que se han ido registrando durante el estado de alarma y los siguientes. Además, la idea es retomar la actividad mediadora en la semana del 8 de junio con los 20 procedimientos suspendidos hasta la fecha y con las nuevas solicitudes que puedan ir registrándose.
Raúl Santa Eufemia afirma que es más necesario que nunca reforzar el Serla, ante los dos meses de casos retenidos por el estado de alarma y expuso que es preciso otorgar un servicio presencial, porque sino “se pierde la esencia de la mediación”. Asimismo, señala la necesidad de extender el Serla ante “la gran conflictividad que está por llegar”.
“Es oportuno que se agilice esta herramienta, que es positiva para todos”, asegura y recuerda que expertos juristas y colegios de abogados ya han pedido que se extiendan “mucho más” los plazos de mediación para descongestionar el colapso judicial, y evitar fechas de juicios hasta que no se cierre totalmente esta vía.
Santa Eufemia indica que está pendiente la contratación de la plantilla y el alquiler de los locales para la extensión del servicio, y defiende una y otea vez la mediación, par poder ”retornar con fuerza a la Negociación Colectiva” que rechaza entorpecer en los tribunales. “Debe haber una mediación y ahora es más que necesaria que nunca, porque en los últimos meses se ha dejado lastrada la negociación colectiva y siempre es mejor el debate que romper e ir a un juzgado”.
Fernando Fraile se muestra convencido de que el Serla podrá hacer frente a todos los expedientes acumulados aunque se tengan que redoblar esfuerzos y recalcó que siguen “exigiendo” que se retome la extensión del servicio, “una vez que pase lo prioritario, que es poner freno de una manera determinante a la pandemia”
“Es fundamental que los conflictos laborales se solucionen entre los propios afectados, porque para eso nos dotamos del Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales”, expone a Ical, para recordar que el Diálogo Social pactó en enero de 2010, la extensión territorial del Serla con sedes en las capitales de provincia y Ponferrada, aunque también se prevé una atención quincenal en Aranda y Miranda; así como la extensión competencial a todos los conflictos, colectivos e individuales, incluidos los de cantidad, ahora pendientes.
En este sentido, defiende que se trata de una “cuestión de voluntad” de la Junta, ya que en la contratación de personal, las limitaciones de la prórroga presupuestaria estatal, les llevó a apostar por trabajadores fijos preexistentes en el sector público autonómico, como única posibilidad, pero ahora son necesarios los informes que permitan sacar la convocatoria, con problemas en las condiciones económicas.
“Es más necesario que nunca que se resuelva ante la previsión de que pueda aumentar la conflictividad”, resume, para apelar “siempre a favorecer la vía del dialogo, de la negociación, con los mecanismo necesarios que permitan llegar a acuerdos para limitar en la medida de lo posible la judicializacion de los casos, que llegan a ser traumáticos para las personas, como consecuencia de la extensión durante mucho tiempo del conflicto judicial”.
Asimismo, constata que este servicio “viene bien sin duda alguna a la negociación colectiva” porque “siempre es mejor seguir hablando y negociando para llegar a acuerdos” frente a la “ruptura y la judicialización que no es buena para nadie”. “Es esencial que se lleve a cabo y con urgencia cuando se acabe con la pandemia”, concluye.