La oposición fuerza cambiar la carrera profesional docente

SPC
-

El Grupo Popular anuncia la creación de un complemento para que los profesores y maestros cobren lo mismo que el resto de empleados públicos

Pleno de las Cortes. - Foto: Rubén Cacho (Ical)

El Grupo Popular anunció hoy una reforma de la ley de carrera profesional para crear un complemento, que junto a los sexenios, equipare lo que cobran los docentes no universitarios con el resto de empleados públicos de la Comunidad, después de que toda la oposición se impusiera en el pleno de las Cortes al lograr aprobar una posición no de ley en la que pedían acabar con la incompatibilidad que existente entre ambas retribuciones.

En el debate de la iniciativa, que siguieron los representantes sindicales desde la tribuna, el 'popular' Pedro Antonio Heras planteó una enmienda a la iniciativa conjunta de los grupos socialista y Mixto y tras conocer que no se aceptaba, avanzó que la Junta con el apoyo de PP y Ciudadanos presentaría una modificación legislativa. No obstante, apuntó que no se sentían concernidos por lo que se aprueba en las Cortes con el voto del transfuguismo. 

El socialista Fernando Pablos le respondió que el partido del "tamayazo" no puede dar lecciones a nadie y que si la reforma de la ley de carrera profesional se pactaba con los sindicatos, el PSOE la respaldaría. Además, celebró que el PP reconociera que ahora los docentes cobran menos que el resto de empleados públicos de su mismo grupo y lamentó que se opusieran a que pudieran cobrar mas si se eliminaba la incompatibilidad que les obliga a elegir entre sexenios y carrera profesional. 

También, la procuradora de Podemos Laura Domínguez afeó en el segundo turno que el parlamentario del PP denunciara la ausencia de Pablo Fernández, mientras la consejera de Educación, Rocío Lucas, no estuviera tampoco y la invisibilizara a ella como miembro de su formación y defensora de la educación pública.

El cruce dialéctico se produjo después de que toda la oposición lograra que el pleno de las Cortes instara a la Junta a adoptar las medidas que fueran necesarias para que se eliminara la incompatibilidad existente entre la carrera profesional horizontal y los sexenios. La iniciativa conjunta de los grupos Socialista y Mixto recabó el apoyo de Vox y la procuradora no adscrita María Montero, frente al rechazo de 'populares' y 'naranjas'.

El 'popular' Pedro Antonio Heras explicó que el personal funcionario docente optar entre la carrera profesional y los sexenios, porque la elección se basa porque ambos tiene por objeto mejorar la formación continua del profesorado. Por ello, consideró que no es posible retribuir de dos maneras diferentes el mismo concepto, lo que reconoció genera la problemática que algunos se vean perjudicados. "No podemos hacer que ese concepto se pague dos veces y el resto de trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León se vean discriminados", dijo. 

En nombre de Ciudadanos, Blanca Negrete apostó por encontrar una solución que no genere desigualdades con los funcionarios de la misma categoría, para lo que defendió que se puedan cobrar los sexenios y la carrera profesional sin superar la cantidad equivalente del resto, porque lo contrario supondría un "agravio". Además, recordó que se ha acordado la mejora de los sexenios y que hasta en cinco ocasiones se pueda cambiar de complemento elegido. 

El socialista Fernando Pablos defendió la "coherencia" de la demanda y la "justicia" de esta iniciativa porque recordó al PP que Castilla y León es una de las comunidades que peor paga a los docentes. Por ello, aseguró que hoy es un gran día para la educación pública, tras lo sucedido con una moción en materia de educación no universitaria. 

El procurador de Por Ávila Pedro Pascual rechazó que se discrimine a los docentes en relación a otros empleados públicos y defendió que en sus manos está el futuro y presente de los jóvenes, por lo que reclamó que se potencie y se valore la educación. Además, el 'leonesista' Luis Marino Santos insistió en la necesidad de corregir la norma de la Comunidad, algo sobre lo que a su juicio existe consenso entre los agentes sociales.