Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Segovia reclamaron hoy, con una concentración en la Plaza Mayor de la ciudad, que las empresas del sector dejen de “mercadear” con sus derechos porque se merecen “un reconocimiento” y “un convenio digno", pues hacen “una labor imprescindible para la sociedad”. Una representación de estas trabajadoras exigió a la patronal la negociación de un convenio colectivo que no se mueve desde hace una década, al grito de "sí se puede".

La presidenta del comité de empresa de la ayuda domicilio de la Diputación de Segovia, María José González Marcos, actuó de portavoz en nombre de las delegadas de UGT y CCOO, sindicatos convocantes de esta movilización. “A las empresas les decimos que hagan un examen de conciencia, qué están haciendo con el sector de Ayuda a Domicilio. Es un sector con dinero público, con el dinero de todos, que se está dejando en manos de empresas que lo único que hacen es primar sus beneficios económicos y ahorrar y ahorrar”, resumió.

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio dejaron claro que han demostrado ser un sector esencial, que ha estado en primera línea durante toda la pandemia y, ahora, las empresas lo único que les ofrecen es congelarles el sueldo este año, así como una subida salarial del 0,25 por ciento en 2021 y destinado a plus de transporte;  un uno por ciento para 2022, y un 1,50 por ciento para 2023.

Una de su principales reivindicaciones, recordó María José González, es que llevan luchando desde hace muchos años por el reconocimiento del tiempo que invierten en ir del domicilio de un usuario al de otro. En el convenio actual, lo tienen reconocido el 75 por ciento de las trabajadoras del medio rural y un cinco por ciento en los ayuntamientos. “No tiene ninguna lógica porque en cualquier sector tiene su jornada laboral desde que empieza hasta que termina”, resumió.

Desde UGT y CCOO recordaron que la ayuda a domicilio no negocia un convenio colectivo desde hace una década y no ha tenido ninguna mejora salarial. Además de las empresas, pusieron el foco en las administraciones. “Entendemos que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene la responsabilidad de que esto no haya llegado a esta situación, que haya 23 contratos distintos, nueve de las diputaciones y el resto de los distintos municipios con más de 20.000 habitantes”, argumentó González.

Los trabajadores de este sector seguirán reclamando que se unifiquen criterios para que puedan “tener los mismos derechos y las mismas normas para todos”. Con este nuevo calendario de movilizaciones seguirán dando visibilidad a su situación, a pesar de estar “muy cansadas” de la repercusión que ha tenido en su salud física y mental la pandemia.

“No hemos faltado ni un solo día a nuestro puesto de trabajo. Daba igual que las empresas nos dieran o no EPIs. Hemos demostrado que donde mejor están los usuarios es en sus casas pero con una buena calidad de vida”, remarcó. En la provincia de Segovia, según los sindicatos convocantes, hay cerca de 300 personas trabajando en este sector. María José González destacó la postura y forma de proceder muy distinta de la Diputación y el Ayuntamiento durante los meses de la pandemia. “La Diputación ha mirado para otro lado y ni quisiera nos ha contestado”, subrayó, mientras que la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, “ha estado día sí y día no también en comunicación con los representantes laborales para ver si íbamos muy protegidas”.

Además explicaron que el Consistorio de la capital se hizo cargo de las horas que se perdieron, cuando en el resto de Castilla y León, se están reclamando a las trabajadoras o se está restando de su nómina. “Es un sector precarizado con muchos contratos a tiempo parcial. Si tenemos que devolver todas esas horas, de qué vamos a vivir las trabajadoras de ayuda a domicilio”, sentenció González.