Afronta su última etapa al frente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ya que está próxima su jubilación. Pero Carlos Hernando tiene por delante el reto de conseguir recuperar las 35 horas semanales para los empleados públicos, del mismo modo que luchó para recuperar derechos que se quedaron en el camino durante la crisis económica.

A finales de 2013, poco después de acceder a la Presidencia regional de CSIF, dijo que sus objetivos eran evitar que los recortes afectaran mucho a los empleados públicos y tratar de recuperar «lo que los políticos les había quitado». ¿Lo ha conseguido?

Es penoso que ahora los sindicatos tengamos que estar recuperando lo que costó muchos años conseguir. Es decir, durante mucho tiempo alcanzamos muchos logros sindicales y, de repente, a partir de 2010, empezamos a perderlos. En ese año sufrimos una rebaja salarial de entre el cinco y el diez por ciento, luego nos quitaron una paga extra, días de vacaciones y de asuntos propios, que quiero recordar que no son ningún regalo, sino que fue una compensación por no actualizar nuestro salario al IPC. Posteriormente hemos ido recuperando cosas. La paga extra la han devuelto y la jornada laboral en algunos sitios se ha recuperado y en otros no. Por otro lado, las bajas médicas se pagan desde el primer día y nos han devuelto los días de vacaciones y asuntos propios. Lo que falta son las 35 horas de la Junta de Castilla y León, algo que ya se está aplicando en el Ayuntamiento de Valladolid. Hemos conseguido recuperar el 95% de los derechos que perdimos.

Según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones, en enero de 2010 había 38.755 empleados públicos en Valladolid y en enero de este año, 34.548, es decir, 4.207 menos. ¿Este recorte de plantilla afecta a la calidad del servicio público prestado?

Se nota, y mucho. Es verdad que la Administración ha evolucionado desde el punto de vista tecnológico, pero 4.000 empleados públicos en Valladolid es una cifra importante. Se nota mucho ese déficit, sobre todo en la sanidad.

¿Considera que la pérdida de tantos empleos públicos es un fracaso a nivel sindical?

Seguimos negociando y luchando. El problema viene de la crisis y, posiblemente, si no fuera por los sindicatos y la presión social, puede que esos los empleos perdidos mucho mayores. Además, con el acuerdo que firmamos los sindicatos mayoritarios a nivel nacional conseguimos la mayor oferta de empleo público de la historia: 250.000 puestos en toda España tienen que ser cubiertos, porque la pérdida que ha habido en todo el país ha sido brutal.

¿Está justificado que exista tasa de reposición todavía en determinados ámbitos?

La tasa de reposición ha perjudicado mucho, porque no se ha empleado de la forma que debería haberse empleado. Hay sectores en los que no es admisible. Por ejemplo, la sanidad. O la Policía, donde tuvimos una tasa de reposición del 10%.

¿Y eso ha obligado a redoblar los esfuerzos del resto del personal?

Efectivamente. Si en una ventanilla tiene que haber dos o tres personas y solo hay una, claro que repercute. Lo que hay que hacer es eso que se dice de ‘ni un empleado más de lo necesario y ni uno menos de lo imprescindible’.

¿Ser funcionario es un chollo?

Hombre, yo preferiría ser director de un banco y ganar 120.000 euros cada seis meses.

Lo digo porque los empleados públicos siempre han arrastrado una mala imagen respecto al volumen de trabajo que asumen.

Eso es un tópico que aparece incluso en las películas. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía tiene la imagen del funcionario como la de una persona que está detrás de una ventanilla poniendo sellos en un papel. Y eso no es así. Funcionarios son los jueces, los maestros que educan a tus hijos, la policía que vela por tu seguridad, los médicos que se preocupan por tu salud, etcétera. Los funcionarios antes tenían esa imagen, aunque ganaran muy poco dinero. De ahí las frases como ‘vives peor que un maestro de escuela’. Ahora, gracias a Dios, y a la lucha de los sindicatos que han peleado por la actualización de salarios con el IPC, eso ha cambiado. Antes, ni IPC ni nada. Se subía cuando se le ocurría a alguien del Gobierno. A partir del Ejecutivo de Adolfo Suárez fue cuando a los empleados públicos se les empezó a reconocer un poco su trabajo y se les empezó a pagar un poco más para que tuvieran estabilidad.

¿Cree que al final habrá huelga el 6 de noviembre por la no implantación de las 35 horas?

A mí me gustaría que no la hubiera. Hemos firmado algo con todo el conocimiento y la buena fe, y estamos dando una oportunidad de estudiarlo hasta final de año, simplemente aplicando una prórroga al horario de verano, que no cuesta dinero. Puede costar un poco si se contrata en educación, pero el gasto es mínimo. En la Administración General el coste es cero. Y en la sanidad el coste no es tan grande porque los puestos están cubiertos y el trabajo está saliendo.

¿Qué impacto laboral tendría la implantación de las 35 horas en Castilla y León?

Como mucho, unas 3.000 personas contratadas en la Administración, y no creo que llegara. 

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha dicho que él está convencido de que va a haber acuerdo...

Por lo que conozco a Luis Fuentes, es una persona que hasta ahora no me ha defraudado. Si lo ha dicho será porque sabe algo. CSIF está abierto a la negociación hasta el último momento del último día. Yo nunca me levantaré de una mesa como sí que ha hecho la Administración. Espero que recapaciten y que vean que los costes no son los que ellos dicen. Esos 120 millones no salen de ninguna de las formas. Es desorbitado. Yo espero que haya acuerdo. Además, se lo ponemos fácil: vamos a ver los cuadrantes y vamos a prolongarlos hasta final de año. Yo no veo ningún problema.

¿Son las 35 horas el último gran derecho que falta por recuperar de la crisis económica?

Falta la parte salarial. Reclamamos un nuevo acuerdo porque, según nuestras estimaciones, nos falta un 19,6 por ciento. Entre 2010 y 2018, el único año que hemos recuperado algo de poder adquisitivo fue en 2018, porque el IPC fue del 1,18 por ciento y la subida, del 1,75 por ciento. Es decir, ganamos un 0,57 por ciento. Defendemos la subida salarial sin perder poder adquisitivo. En algún convenio que nos invitaron a firmar nos daban una cantidad sustanciosa de dinero, cuando estaba la cosa más boyante, pero perdiendo el IPC, y eso para mí es irrenunciable para las pensiones y los trabajadores. Y para el ámbito privado y el funcionarial.

¿Hasta qué punto ha perjudicado a los empleados públicos la situación de bloqueo político que está vivienda España?

Es algo que llevamos tiempo sufriendo y que se nota en las negociaciones. El bloqueo político paraliza todo. Sin presupuestos no hay subidas salariales. De hecho, Pedro Sánchez tuvo que ejecutar el pacto que habíamos firmado con el anterior Gobierno mediante decreto. Eso fue algo que nos sorprendió gratamente. Pero, en general, el bloqueo paraliza todo. Un ejemplo es todo lo que se refiere a Instituciones Penitenciarias, donde no se puede negociar. 

¿Qué espera del 10-N?

Un Gobierno real que tome las decisiones que tenga que tomar para que esto funcione. Un Gobierno que siga adelante y que haga crecer a España.

¿Qué papel ha jugado la falta de servicios públicos de calidad en el entorno rural dentro del drama de la despoblación?

Ha sido fundamental. En las zonas rurales hay que dar los servicios que hay que dar. Internet es fundamental, porque es necesario para todas las empresas. La gente no quiere ir a esas zonas porque no tiene los mismos incentivos que alguien que está en la ciudad y, por ejemplo, tiene su hospital. Hay que dotar de medios a estas personas para que vayan allí. También hay que tener en cuenta que hay gente que trabaja en un pueblo y al mismo tiempo vive en la ciudad. Si no se empadronan, el desarrollo de la localidad es más difícil.

Han dicho esta semana que van a luchar por la jubilación voluntaria a los 60 años. ¿No es una utopía teniendo en cuenta que la tendencia es alargar la edad de jubilación para hacer sostenible el sistema?

No creo que sea una utopía. Los funcionarios del Estado pertenecientes a Muface desde siempre se han podido jubilar a los 60. Hay profesiones, no todas, donde sí se entendería una jubilación a esa edad.