Ocho comunidades autónomas que conforman la denominada España despoblada unieron sus voces en demanda de una financiación justa que tenga en cuenta criterios de despoblación, dispersión territorial o envejecimiento como base de una justicia social y una cohesión territorial necesarias en una España diversa, pero en la que todos los ciudadanos deben ser iguales y recibir los mismos servicios, vivan donde vivan. Tras años de hartazgo y reivindicaciones estériles, cinco socialistas, dos populares y un regionalista cántabro firmaron una declaración con 35 propuestas que incluyen los desafíos demográficos y el desarrollo del medio rural en un ejemplo de colaboración que apuesta por el diálogo como fórmula para conformar consensos que faciliten una decisión final. Como quedó demostrado y como insistieron los propios participantes, el encuentro no generó un frente contra nadie sino que tuvo un carácter positivo, proactivo e incluso con ánimo de colaboración con el Gobierno para que presente ya un nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Esta cita gallega, bautizada oficialmente como Foro Santiago, camino de consenso, le sirve de guía al Gobierno de Pedro Sánchez para que afronte de una vez por todas un sistema de financiación caducado desde al año 2014. Y lo haga con valentía, al menos con la misma con la que afronta otras reformas en las que no le importa la existencia de consenso, porque es básico para las comunidades autónomas recibir una financiación justa con la que poder cubrir los servicios sociales, la educación y la sanidad. Los acuerdos alcanzados entre territorios, cuyos dirigentes han dejado a un lado las ideologías, plasman la importancia de que la negociación se lleve a cabo en foros multilaterales para evitar lo sucedido en la discusión del actual modelo, en cuyo proceso el entonces presidente, Rodríguez Zapatero, lo pactó en gran parte con Cataluña en un encuentro bilateral.
En vísperas de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente su propuesta para reformar este modelo en base al criterio de población ajustada -algo que se comprometió a hacer antes de que acabara noviembre-, las ocho comunidades reivindicaron que se tengan en cuenta factores correctores como el envejecimiento o la dispersión para lograr el objetivo irrenunciable de atender al coste real de los servicios. Cualquier persona puede entender fácilmente que no cuesta lo mismo mantener un consultorio, un colegio o atender a la dependencia en una gran ciudad que en una provincia con amplio territorio y pequeños municipios, por lo que no se puede atender únicamente a la población como factor de reparto. La igualdad entre ciudadanos es irrenunciable y eso lo dejaron claro ayer los ocho presidentes autonómicos. El Gobierno debe recoger el guante, la voluntad de colaboración y sumar al resto de autonomías en la construcción de una cohesión que beneficie a todos como país.