Por si quedaba alguna duda tras sus declaraciones de octubre, el consejero de Turismo, Javier Ortega, remarcaba la semana pasada su rechazo a la creación de una tasa turística que grave con uno o dos euros las pernoctaciones en los hoteles para obtener ingresos que reviertan en la conservación del patrimonio. «Hay que ver cuál es la legislación europea en este sentido, porque creo que crear distintas tasas en una legislación que no sea de ámbito autonómico o que no sea igual para todos, desde mi punto de vista no sería lo más acertado», señaló en una entrevista concedida al Grupo Promecal, al que pertenece El Día. 

Sin embargo, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que fue quien provocó la efímera reapertura de este debate nada más empezar el nuevo mandato y llamó por ello a la puerta del consejero de Turismo en Valladolid (se reunió allí con él el 4 de noviembre para abordar este y otros asuntos), no ha mostrado disposición a hacer lo propio con Madrid, pese a existir una alternativa legal en ese sentido, aunque ya pudiera temerse otro no por respuesta.

El caso es que la Junta tiene competencia para crear la tasa turística, pero para toda la Comunidad y con recaudación a una caja autonómica común, según señala. En Cataluña, sin embargo, la Generalitat aplica esta tasa hace años y sin cobrar lo mismo en todo su territorio, además de derivar un porcentaje de la recaudación hacia las arcas locales.

El Gobierno central, por su parte, tendría a su alcance modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales para traspasar a cada Ayuntamiento la competencia de decidir si aplica o no una tasa turística cuyos ingresos, de esta manera, sí revertirían directamente sobre los municipios. Otra cuestión es que haya interés por ello, dado que la ministra de Turismo en funciones, Reyes Maroto, ya dijo en septiembre de 2018 que la tasa turística «no está en la hoja de ruta del Gobierno», a pesar de que entonces se pronunció en respuesta a un planteamiento que provenía de una comisión de expertos creada por el propio Gobierno para revisar el modelo de financiación local.

El Ayuntamiento, en cualquier caso, tiene a su alcance la posibilidad de redirigir el debate hacia Madrid a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), por ejemplo, pero no. ¿Y por qué ha preguntado a la Junta y no al Gobierno? «La responsabilidad del turismo en la ciudad desde el punto de vista político es de la Junta», responde a El Día la concejala de Turismo, Claudia de Santos. Y sobre la alternativa de mirar a Madrid, «ese es un paso posterior que no nos hemos planteado», reconoce, al tiempo que reitera que en España, «donde está implantada la tasa, se ha hecho a través de cada Comunidad», casos de Cataluña y Baleares. 

En el extranjero se cuentan por decenas los ejemplos porque tasa turística la cobran desde Marruecos hasta Japón, pasando por Nueva York, Roma, París o Edimburgo. Pero, en vistas de las posiciones de unos y otros, que Segovia pudiera generar entre 500.000 euros y más de 1,1 millones al año por este concepto no parece suficiente motivo para sacar esta iniciativa de un limbo político en el que quien puede implantarla no quiere, y quien quiere no está por la labor de sondear todas las vías.