La Asociación Española de Abogados Cristianos anunció hoy la presentación de una demanda contra la Junta de Castilla y León por reparto de mercado y contratación irregular en centros de aborto. De esta forma denuncia ante la Comisión Nacional de Competencia esta práctica de reparto y que se fijen precios y “a la Consejería de Sanidad por permitirlo”, tal y como señaló en un comunicado.

La organización de juristas llevará además a la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región por la presunta ilegalidad de los convenios firmados con estos centros y solicitará medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata estos convenios. Considera que dichos acuerdos “son nulos de pleno derecho ya que incumplen la Ley General de Salud Pública. Denuncia que trabajadores contratados por estos centros no tienen la cualificación exigida por la Ley”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, pidió que “se depuren responsabilidades por el encubrimiento por parte de la Junta”. No descartan “acudir a la vía penal por presunta prevaricación”. Además, afirmó que “no se pueden estar realizando abortos pagados por la Sanidad Pública en centros privados que no cumplen los requisitos mínimos exigidos por la Ley”.

“Es la salud de las mujeres la que está en juego y a la Junta parece importarle más el negocio de estas empresas privadas”, dijo Castellanos, y desveló que “por ejemplo, en Castilla y León se han firmado convenios con centros de aborto que hicieron una oferta un 60% más cara que otros competidores”.

La organización de juristas llevará también al Contencioso Administrativo al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Salamanca por no sancionar al centro de abortos de la ciudad al emitir publicidad engañosa. Castellanos denunció finalmente “la falta de transparencia de las Administraciones en todo lo que rodea al negocio del aborto”.