El PSOE lanzó ayer graves acusaciones contra el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien compareció en la comisión de investigación sobre la trama eólica en calidad de exconsejero de Medio Ambiente. Horas antes, el Grupo Parlamentario Socialista le acusó de ser el «elemento decisivo» de la trama eólica al paralizar, en su etapa como consejero de Medio Ambiente entre 2004 y 2007, las declaraciones de impacto ambiental de los parques que, antes, corrían a cargo de las delegaciones territoriales de la Junta. El procurador José Francisco Martín aseguró que «no se hacía nada» hasta que el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, no diera el visto bueno a la operación y tuviera encauzada la «cochinada». No en vano, el PSOE ha detectado «cosas raras» en más de 200 parques eólicos de la Comunidad, con el supuesto reparto de la concesión de licencias a empresas afines de la Junta a cambio de comisiones.
Ya por la tarde en las Cortes, Fernández Carriedo, que entre 2004-2007 ocupó la cartera de Medio Ambiente, aseguró que, hasta donde él sabe, no ha habido «ninguna ilegalidad» en la autorización de parques eólicos en Castilla y León, defendió la corrección de los expedientes administrativos y negó que haya recibido regalos o dinero por las tramitaciones.
Durante su comparecencia, el consejero expresó su «plena confianza» en la justicia y rechazó que haya corrupción del PP en los asuntos investigados, sino de «personas» que estuvieron en la Junta en coincidencia con lo que ya dijo el entonces presidente Juan Vicente Herrera.
Carriedo, en sus respuestas a las preguntas de los procuradores de PSOE, Podemos y Ciudadanos, afirmó que él estaba fuera de la Junta cuando se decide la avocación para trasladar la última decisión de la autorización de los parques eólicos desde los servicios territoriales al viceconsejero de Economía Rafael Delgado.
En tal sentido, sostuvo que la avocación fue una decisión interna de una consejería, en este caso la entonces de Economía y Empleo que dirigió el fallecido Tomás Villanueva, que él no tenía por qué conocer ni pasó por el Consejo de Gobierno, pero destacó que se cambió el órgano de decisión no el procedimiento, que fue el mismo.
A las preguntas del socialista José Francisco Martín -le recordó la obligación de decir la verdad- en relación a retrasos en la autorización de parques con resoluciones rápidas vía avocación tras la cesión a empresas con socios locales, argumentó que no todas las comisiones territoriales de las nueve provincias son iguales y que se trata de expedientes de gran complejidad.
El socialista Martín, que calificó de «patética» la comparecencia de Carriedo, aseguró que «no tiene respuestas para explicar lo que hizo» y mantuvo que el consejero dio la orden de prohibir a los servicios territoriales que realizaran las declaraciones de impacto ambiental para la instalación de parques eólicos hasta que recibía la instrucción de la Consejería de Economía, por lo que fue un «agente activo, cómplice y connivente», concluyó.