En la estación de esquí nórdico de Navafría está en marcha un proyecto para rehabilitar su histórico refugio y dotarlo de alojamiento y otro para construir dos ‘mini presas’ en la zona con el objetivo de instalar dos cañones de nieve. De momento parece que ambos siguen hacia adelante y que han conseguido salvar las restricciones que impone el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, aprobado el pasado 23 de mayo tras más de cinco años de tramitación. Acaba de entrar en vigor este documento, que afronta el reto de garantizar la conservación de los valores de este espacio.
Hasta el momento el cumplimiento de esos fines ha implicado delimitar diferentes zonas en función del grado de protección con el que cuentan; especificar las actividades permitidas, aquéllas sujetas a un régimen de intervención administrativa y aquéllas prohibidas o incompatibles; recoger las directrices para la elaboración de los programas sectoriales de actuación; y también dar a conocer los mecanismos previstos para la aplicación y desarrollo de este plan. En este último punto se incluyen las inversiones económicas estimadas durante su vigencia (los próximos diez años), que se pueden consultar en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado 24 de mayo.
Esa proyección de gastos se encuentra explicada a partir de la fuente de financiación y del territorio que recibirá los fondos, y se articula en torno a cuatro grandes ejes: el programa de conservación de los recursos naturales, patrimonio cultural y paisaje; el de participación; el de uso público y social; y el de relaciones con el entorno y participación ciudadana. En un quinto apartado aparecen, bajo el epígrafe de ‘Otras actuaciones’, conceptos como el operativo para la defensa contra incendios forestales, los medios materiales y humanos de las administraciones para la vigilancia y el control o el estudio de los límites del parque.
Para abordar todas esas necesidades, el PRUG aspira a que las administraciones públicas inviertan cerca de 94,8 millones de euros hasta 2029 en el conjunto de la Sierra de Guadarrama, dividida en dos vertientes: la castellano y leonesa –que comprende 12.000 de las 34.000 hectáreas– y la madrileña. En el escenario que dibuja el plan de gestión, la Comunidad de Madrid aportaría 50,6 millones de euros; Castilla y León, 11,8; y los otros 32,2 millones llegarían de otra fuente de financiación que no llega a especificarse.
En el reparto de los fondos, mientras, la zona madrileña de la Sierra de Guadarrama se quedaría con 55,9 millones; y la castellano y leonesa, con 38,7. Irían destinados al mantenimiento y gestión de la red meteorológica, a acciones de conservación, restauración o diversificación, a tratamientos selvícolas, a estudios específicos para la conservación de la flora y la fauna, a programas de movilidad, a actividades de educación ambiental, a proyectos de investigación o a la mejora o creación de infraestructuras de uso público, entre otras muchas actuaciones.
Los representantes de los colectivos ecologistas en el Patronato del parque votaron en contra de este plan «por ser contrario a los objetivos de conservación». «Permite actividades incompatibles y contrarias a la normativa existente, no es capaz de regular con garantías sus principales usos y actividades, genera un escenario de mayor desprotección al existente hasta ahora y no favorece a los municipios y habitantes del entorno», han argumentado. Para Raúl Díez, de Ecologistas en Acción, «da la sensación que ha sido redactado con la intención de agradar a ciertos sectores de actividad, pero sin poner la prioridad en su función de ser un instrumento eficaz para la protección del espacio». Y reclama la elaboración de un nuevo PRUG a partir de estudios que tengan en cuenta la capacidad de carga del parque y que justifiquen cada una de las actividades que vaya a acoger.
El de la Sierra de Guadarrama es el segundo con más visitantes de los quince que conforman la red de parques nacionales, sólo superado por el Teide. Para paliar sus efectos, el PRUG cuenta con un subprograma de movilidad que apuesta por el fomento del transporte público –tanto ferroviario como por carretera–, la reducción de la huella de carbono del movimiento de personas en el parque nacional y por la búsqueda de alternativas para adecuar la demanda de uso del vehículo privado a la capacidad de las áreas de aparcamiento. Por su parte, en el subprograma de acogida y equipamientos, uno de los objetivos es estudiar las afecciones del acceso y tránsito de personas en el parque nacional y aquellas de la zona periférica de protección que puedan afectar negativamente a los valores de conservación.
A la caza le han cortado las alas. En la vertiente segoviana, seis cotos privados –que abarcaban en conjunto más de 2.000 hectáreas– recibirán indemnizaciones por el cese de la actividad. El control poblacional de fauna aparece recogida en el plan de gestión como una actividad compatible y necesaria para la conservación del parque nacional y la gestión de las poblaciones –si existen pruebas suficientes de que la proliferación de la especie causa daños significativos a otras especies, hábitats, comunidades o valores reconocidos o por la aparición de enfermedades en la propia población–, pero Alfredo Berrocal, representante de la Unión de Agricultores y Ganaderos, lamenta que la presión de las organizaciones ecologistas mantienen paralizada la actividad.
«Creemos en el equilibrio y la sobreprotección está teniendo un efecto devastador, por ejemplo, en especies botánicas», señala, al tiempo que se refiere al caso concreto de la cabra, en teoría sometida a control poblacional: «Va a crear un problema de sanidad. Vemos que hay superpoblación y cuando eso ocurre, se extiende la sarna, que además de afectar al ganado también puede tener repercusiones en los seres humanos». Berrocal, eso sí, celebra que «el PRUG diga en uno de sus apartados que la ganadería es un uso tradicional, sostenible y necesario». «Nosotros queremos que el parque nacional se conserve de la mejor forma posible porque es una parte de nuestra actividad», concluye.
Para las acciones de control de poblaciones, la inversión prevista en el plan de gestión es de 1,6 millones de euros, pero en la vertiente segoviana la aportación de la Junta de Castilla y León se reduce a 20.000 euros y, en el reparto de los fondos, apenas llegarán poco más de 43.000 euros. El recién elegido nuevo alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso, asegura que seguirán insistiendo para que la caza no sea desterrada. «Las alegaciones al PRUG que presentó el Ayuntamiento –tras mantener reuniones con los vecinos que fueron multitudinarias– han sido tenidas en cuenta en su mayoría. No en lo que se refiere a la actividad cinegética y a la pesca, por lo que volveremos a intentarlo», indica. Al menos sí se ha dado luz verde a varias zonas de baño históricas para los vecinos. Son las luces y sombras del discutido plan de gestión.