Con los votos en contra del PP y Ciudadanos, el pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó ayer una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista por la que se instaba a la Junta a que cumpliera sus obligaciones de financiación del servicio de ayuda a domicilio, se modificaran las normas para incrementar el número de horas y se reduzcan los copagos de los perceptores de este servicio.
Los dos partidos que gobiernan destacaron que la Junta está cumpliendo con la normativa que regula la ayuda a domicilio, a la vez que indicaron que el incremento de horas es una cuestión que compete regular al Gobierno. Además, propusieron el debate por separado de algunos puntos, a la vez que el PP presentó enmiendas a dos de ellos, rechazadas por los socialistas.
En la moción, que contó con el apoyo de todo el Grupo Mixto, también se instaba a la Junta a regular las garantías de calidad del servicio y los requisitos de calidad en la atención que han de cumplir las empresas, así como las condiciones de trabajo de los profesionales.
La procuradora socialista María Isabel Gonzalo argumentó que tras la covid-19 y el «desastre» de las residencias, ha aumentado el deseo de los mayores por vivir en su propia casa, por lo que es vital la ayuda a domicilio, según informa Ical.
Además, sostuvo que la calidad y la equidad del servicio es fruto del esfuerzo de los ayuntamientos y de sus recursos, a la vez que denunció que la Junta no abona el 90 por ciento del coste del servicio, y hay ayuntamientos que aportan hasta el 40 por ciento. «En estos momentos, nuestros mayores necesitan más apoyo que nunca y esto es obligación de la Junta, no de las entidades locales», afirmó Gonzalo, a la vez que recalcó que es necesario incrementar el tiempo que los profesionales pasan con los usuarios.
María Teresa Gago (Ciudadanos) explicó que la intensidad horaria del servicio es competencia del Gobierno y recordó los avances para que el servicio sea gratuito para las personas que viven solas con rentas de menos de 700 euros, así como la reducción de un 20% para las rentas medias o bajas.
Noemí Rojo (PP) indicó que se trata de una «prestación estratégica» que continuamente mejora. Así, hizo referencia a un reciente acuerdo del Diálogo Social que supone incrementar los fondos en cuatro millones para mejoras y rebajar el copago. Además recalcó que la Junta cumple con la ley y financia el 90 por ciento del servicio y aseguró que se aplica de forma exhaustiva la normativa estatal en cuanto a intensidad, por lo que debe ser el Gobierno el que modifique esta norma.
Por el Grupo Mixto, Pedro Pascual (Por Ávila) puso en valor el esfuerzo de los ayuntamientos y aseguró que están asumiendo costes que no les corresponden, mientras que Laura Domínguez (Podemos) denunció el sistemático abandono por parte de la Junta de este servicio, «con trabajadores sin protección, sin test PCR y con condiciones laborales lamentables». También votó a favor García-Conde (Vox), que resaltó que es fundamental tras el fracaso de las residencias.