Ocho años de 'caso Caja Segovia'… y se acerca el final

Nacho Sáez
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La Fundación Caja Segovia renuncia a recurrir la absolución de 9 de los 11 directivos que se sentaron en el banquillo por las prejubilaciones millonarias. Sólo mantiene la petición de penas en el Supremo respecto a los 2 últimos directores generales

Ocho años de ‘caso Caja Segovia’… y se acerca el final

"La causa continúa", recuerda el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, cuando esta redacción trata de recabar sus impresiones una vez que se ha confirmado que ya es firme para él y otros ocho antiguos directivos y consejeros de la entidad la sentencia de la Audiencia Provincial que les absolvía de cualquier delito en el caso de las prejubilaciones millonarias. La amenaza de una condena judicial se ha acabado para él y para Manuel Agudíez, Elena García Gil, Antonio Tapias, Enrique Quintanilla, Óscar Varas, Juan Bautista Magaña, Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo, pero este mediático procedimiento todavía no ha recibido carpetazo definitivo cuando se cumplen ocho años desde que se iniciara.
Fue en noviembre de 2011 cuando Unión Progreso y Democracia (UPyD) entregó a la Fiscalía Provincial la documentación que había recibido en torno a la posible existencia de irregularidades en el plan elaborado por Caja Segovia para afrontar el cese de sus directivos como consecuencia de la integración de la entidad de ahorros en Bankia. Comenzó entonces una instrucción que se prolongó durante más de un lustro, que llegó a ser declarada de ‘especial complejidad’, que fue archivada y que más tarde fue reabierta hasta sentar en el banquillo de los acusados a seis exconsejeros y directivos por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal y a otros cinco como responsables a título lucrativo.
Su desenlace final se encuentra más cerca que nunca, pero se va a demorar todavía unos meses más. La Fundación Caja Segovia ha recurrido la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el pasado 26 de marzo para volver a solicitar que los dos últimos directores generales de la extinta caja de ahorros, Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez Plaza, sean condenados. Argumenta que ambos se beneficiaron del plan de prejubilaciones millonarias  a pesar de que gozaban de contratos de alta dirección que ya contemplaban diversas cláusulas e indemnizaciones en caso de cese. 
Como consecuencia de ese modo de proceder, Escribano y Sánchez Plaza cobraron “en exceso” 2,1 millones de euros y un millón, respectivamente, tras su salida de Caja Segovia, según subraya en su recurso la Fundación. «Tenían unos contratos de alta dirección que establecían unas indemnizaciones en caso de cese. Eran las que se tenían que haber aplicado y no los acuerdos de prejubilaciones que afectaban a otros directivos que no tenían contratos de alta dirección», argumenta su presidente, Javier Reguera.
El Tribunal Supremo ya ha recibido este recurso de casación y tiene que decidir, en primer lugar, si lo admite a trámite antes de entrar a analizar su contenido. «Lo vamos a impugnar. Es difícil que una sentencia absolutoria se transforme en condenatoria en el Alto Tribunal. Aquí no caben interpretaciones sobre los hechos probados», advierte el abogado de Escribano, Luis Rodríguez Ramos, para quien el recurso de la Fundación se trata de un «sostenella y no enmendalla». «Antes que rectificar prefieren ir hasta el final, pero se han mostrado más moderados recurriendo sólo la absolución de dos de los acusados para aminorar la condena en costas», reflexiona.
Precisamente ese riesgo es el que ha empujado a Izquierda Unida (IU) a renunciar a recurrir ante una posible factura millonaria que se habría podido añadir a la de 24.000 euros que tendrá que afrontar por el punto y final del proceso penal en el ‘caso Torreón de Lozoya’. El enfoque adoptado por la Fundación en su recurso supone que la sentencia pasa a ser firme para nueve de los once exdirectivos y consejeros, entre ellos el que fuera presidente, Atilano Soto; los vicepresidentes Manuel Agudíez y Elena García Gil; y el subdirector de Medios, Enrique Quintanilla.
Estos se enfrentaban a penas de cárcel y a la devolución de las cantidades percibidas, que superaron en conjunto los diecisiete millones de euros. Los posibles castigos aún penden sobre Escribano y Sánchez Plaza, aunque como el resto fueron exonerados en el juicio que se celebró a principios de este año. La Audiencia Provincial de Segovia concluyó que «ni siquiera puede afirmarse que incurrieran en excesos de sus facultades de administración ni en actos de abuso en el ejercicio de sus competencias».
«Todavía no hemos decidido qué vamos a hacer», señala el abogado de Elena García Gil, Jesús Tovar, cuando se le pregunta por la posible interposición de algún tipo de procedimiento de resarcimiento por parte de quienes ya tienen confirmada su absolución. «En España no tiene sentido», indica su colega Rodríguez Ramos. «Aquí estamos un poco retrasados en normativa procesal penal. En Alemania, el Estado sí que tiene una responsabilidad patrimonial si se ha cometido un error judicial como la copa de un pino, como en este caso», razona.
El 27 de octubre de 2012 un millar de personas se concentraba ante la histórica sede central de Caja Segovia para que se restituyera «la dignidad de la entidad y de los segovianos». Siete años después los entonces sospechosos ven la luz al final del túnel. «Estoy satisfecho, pero también tengo una pena profunda porque se mantengan esta poco razonable insistencia sobre otros compañeros que hicieron muchísimo por Caja Segovia. No voy a decir nada más porque la causa sigue abierta», zanja Atilano Soto.