El debate desatado por la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a la sede del PSOE de Segovia está generando más ruido por la gestión política del asunto que por el hecho de que los socialistas la solicitaran. No en vano, es un derecho reconocido desde hace años por la ley de mecenazgo aprobada por el Gobierno de Aznar en 2002 y la ley de partidos aprobada en 2007 por el de Zapatero; independientemente de que guste mucho, poco o nada que se ejerza tal derecho, dado que es opcional. Ningún otro partido con representación en el Ayuntamiento lo hace en Segovia, aunque ninguno puede planteárselo porque no pagan IBI, al no tener sedes en propiedad, sino en alquiler.
La solicitud y concesión de exención del IBI para la sede socialista la desvelaba el jueves de la semana pasada (23 de septiembre) el portavoz municipal del Grupo Popular, Pablo Pérez, quien se pasó de frenada en su estrategia de desgaste al Gobierno local al hablar de «beneficios» de la alcaldesa, Clara Luquero, a sus «amiguetes», cuando acto seguido, a preguntas de la prensa, admitió que al Ayuntamiento no le quedaba otra opción legal que comunicar la concesión. Y se ha quedado corto el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, a la hora de justificar su afirmación de que su partido siempre ha pagado el IBI en Segovia, así como que contaba con seguir haciéndolo pese a haber solicitado la exención: «Lo pido porque tengo derecho y después demuestro que colaboro pagando», argumentó.
Sin embargo, ninguno de los documentos que facilitó el PSOE a la prensa el mismo jueves 23 para tratar de acreditar las declaraciones de su secretario provincial dejó del todo claro que abonara IBI por la sede antigua.Remitió recibos bancarios del IBI de la nueva, la que inauguró a principios de 2020 en la calle Marqués de Lozoya; mientras la antigua (la de Arquitecto Escobedo) no se cita de forma expresa en ningún papel, ni por dirección ni por referencia catastral, aunque hay un justificante bancario (no recibo) con concepto ‘pago Ayuntamiento’ que podría tener relación con ésta.
Entretanto, el Decreto de Alcaldía por el que se concede la exención a partir de 2022 para la sede nueva tampoco ayuda a acreditar que la idea fuera pagar el IBI en el futuro. En su texto recoge que: «Con fecha 28/07/2021 (...) ha sido presentado escrito por el Partido Socialista Obrero Español (...) solicitando exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles»; y «con fecha 26/08/2021 aporta certificado de la Agencia Tributaria donde consta que ha comunicado a la AdministraciónTributaria (...) que no ha renunciado al mismo (régimen fiscal de exención) para el próximo periodo impositivo».
Pablo Pérez, mientras, aseguraba el pasado lunes que Aceves, en conversación privada, le reconoció el viernes anterior (24 de septiembre) que el PSOE no pagaba IBI por su sede antigua, y sostiene que «no es algo ilegal, pero sí inmoral».
En la última década no han sido pocas las polémicas en torno a partidos que optaron por pedir la exención del IBI en España, amparados en una ley que les equipara a las ONG o a la Iglesia, entre otros colectivos, como «entidades sin fines lucrativos». Resulta especialmente curioso el precedente de Alcorcón: allí el PSOE reconoció en 2018 que llevaba desde 2010 solicitando la exención sin que dejara de girarle los recibos el Ayuntamiento madrileño (gobernado por el PP), que entonces sí decidió estimar «la solicitud de reconocimiento del derecho» y condonar la deuda del periodo impositivo no prescrito (todos los IBI desde 2013), alegando a su vez «problemas con la empresa de mensajería» por los que dice que no le habrían llegado tales solicitudes de exención.
Por otro lado, el Tribunal Supremo se pronunció en 2020 sobre el IBI y las entidades no lucrativas. Reafirmó que lo que contempla la ley no es que haya que presentar una «solicitud» de la exención, sino una «comunicación» al Ayuntamiento, al considerar que éste no tiene competencia «ni para la concesión ni para la denegación».
DEL IBI A LA ORA. Para rematar un debate ético por todo lo bajo que expone a desgaste a los dos partidos mayoritarios, para ganancia del resto, el pasado lunes, Aceves acusó públicamente a Pablo Pérez del «uso, por parte de un familiar directo», de la tarjeta de aparcamiento que tiene como concejal. No ahorró calificativos al describirlo como un hecho «lamentable y rastrero» por el que exigía «explicaciones» al edil popular y el abono de «las cantidades que su familiar dejó de pagar». «Si no lo hace, habrá perdido la escasa credibilidad política que le quedaba y se convertirá en alguien carente de la más mínima ética política imprescindible en la gestión pública para la que quedaría moralmente inhabilitado», añadió en un comunicado. Todo ello, con la peculiaridad de que se refería a algo acontecido en octubre del año pasado y que entonces el PSOE no reveló, mientras que ahora sí, como réplica al asunto del IBI.
Aceves, el mismo lunes, destacaba la «altura política» de la alcaldesa por haber tratado este asunto con Pérez fuera de focos en su momento, al entender que lo contrario, lo de ahora, supone «enfangar» el debate; pero alega que fue el PP el que empezó. No obstante, si realmente se apreció «una utilización fraudulenta» de la tarjeta de aparcamiento, ¿no debió hacerse público antes? Por ahí van las dudas que ha generado la réplica socialista.
Pérez, por su parte, ha argumentado en estos días que los hechos denunciados por el PSOE se debieron a «una situación sobrevenida», la hospitalización de un familiar directo. Relata que aparcaba cerca de la sede de su partido para asistir a reuniones allí y en ese intervalo, su esposa, que trabaja en el mismo entorno, cogía el coche para ir al hospital. Asimismo, el PP envió a la prensa el pasado lunes (horas después de la acusación del PSOE) 260 tiques de la ORA, por un importe de 254,70 euros, a través del historial de movimientos en la aplicación Epark de Pablo Pérez y su mujer, desde julio de 2019 (mes en que el popular inició su etapa de concejal) hasta abril de este año (cuando cambió la app). Si eso le exime de culpa o no, queda a expensas de la opinión de cada cual, pero el desgaste de ambos partidos por este asunto y el del IBI de cara al ciudadano sí es un hecho, independientemente de que alguno de los dos pueda darlo por bueno si presiente que el contrario está saliendo peor parado.