Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a que "ponga fin cuanto antes" a las concesiones de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 que conectan las provincias de Ávila y Segovia con Madrid, "con el fin de fijar población y no perjudicar más a los castellanos y leoneses que trabajan en la capital de España". El texto recoge que, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010, el Ejecutivo puede negociar con las empresas adjudicatarias que finalice la concesión de estas vías de comunicación, como ya ha hecho en muchas del Corredor Mediterráneo.

Asimismo, solicita que se realice un estudio económico-financiero para ponderar los costes de la liberalización de estos contratos y que se analice la aplicación de medidas complementarias que beneficien a los usuarios frecuentes o habituales de estas autopistas, como una reducción de la tarifa o la compensación completa.

La formación naranja ha recordado que la despoblación y el envejecimiento demográfico siguen siendo los principales problemas de Castilla y León. Reseña que en los últimos ocho años se ha perdido el 5% de la población y que "hacen falta medidas estructurales para que los ciudadanos decidan no abandonar la Comunidad e instalarse definitivamente en Madrid". "Algo especialmente sangrante si se tiene en cuenta la posición estratégica de la Comunidad Autónoma y las posibilidades que supone el desarrollo del Corredor Atlántico", añade.

Cs también critica "el abandono de la Administración del Estado que, lejos de acabar con las diferencias entre regiones, ha acrecentado con su inacción las carencias y los retrasos de inversiones en materia de infraestructuras y comunicaciones, tanto las móviles como las terrestres", al tiempo que considera que "ha afeado las promesas del Partido Socialista para eliminar los peajes en otras autonomías –la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz– mientras calla cuando el Gobierno central relega a las provincias de Ávila y Segovia al olvido y castiga a sus ciudadanos".

Cs también advierte que el Ministerio de Fomento "parece querer mantener el sistema de concesión administrativa hasta 2024, para luego ampliar la concesión otros siete años más (hasta 2031), según recoge el Real Decreto 756/2019 de 27 de diciembre". Un decreto que, "lejos de reducir las tarifas, las aumenta y perjudica a los ciudadanos y empresas radicadas en las provincias limítrofes con la capital", al haberse aplicado una subida de peajes del 1,69%, frente al 0,84% de subida general en el resto de autopistas que no han sido rescatadas.

En su PNL, Cs insiste en que la eliminación de estos peajes igualaría las oportunidades de conexión y desarrollo en estas provincias limítrofes con Madrid, "fundamental para crear empleo y facilitar la instalación de empresas que quieran asentarse en la periferia de la capital".

La procuradora de Cs por Segovia, Marta Sanz Gilmartín, ha asegurado en ese sentido que tales medidas “son fundamentales para fijar población en las provincias limítrofes con Madrid” y ha criticado que, la falta de infraestructuras, “son una muestra de los olvidos intencionados de los socialistas para con Castilla y León”. En el caso de Segovia, “hay que intentar eliminar estos peajes para facilitar que los ciudadanos no se trasladen a Madrid y para incrementar la competitividad de las empresas”, añade, a la vez que resalta que tanto ella como su partido esperan "que el nuevo Gobierno sea verdaderamente social y ayude a mejorar la vida de los segovianos”.