La Consejería de Cultura quiere fijar por ley el dinero que la Junta debe destinar “al enriquecimiento y gestión” del patrimonio cultural de la Comunidad y fija en un anteproyecto de ley que el Gobierno regional deberá destinar, al menos el uno por ciento del presupuesto anual a este fin. Con los datos de las cuentas autonómicas que se debaten en estos momentos en las Cortes, supondría incrementar en más del 60 por ciento las asignaciones que actualmente recibe el departamento que dirige Javier Ortega para estas políticas. 

Esta previsión de dinero público contrasta con otra decisión relacionada con la financiación de este tipo de políticas que también acomete el anteproyecto conocido por Ical, como es la eliminación del uno por ciento cultural en la Comunidad, que se contempla en el artículo 71 de la ley vigente y que permitía la incorporación de fondos privados a la recuperación del patrimonio a través de empresas constructoras adjudicatarias de obra pública. El Gobierno central, en su Ley de Patrimonio Histórico, mantiene esta disposición.

En cuanto a la inversión pública, el artículo 67 es claro: “Se se destinará al menos el uno por ciento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, que se asignará a la Consejería con competencias en materia de patrimonio cultural, para garantizar el conocimiento, investigación, protección, conservación, uso y difusión de este patrimonio”. Si se considera que las cuentas de la Comunidad para 2021 que debaten las Cortes asciende a 12.291 millones de euros, la aplicación de esta ley supondría destinar “al menos” 122,91 millones de euros a inversiones públicas en estas actividades.

Se trata de una partida considerablemente superior a la que en estos momentos tiene previsto el Gobierno autonómico para la misma tarea, que en los propios presupuestos se fija en 76,25 millones de euros, según la información recopilada por Ical en los documentos remitidos por la Consejería de Hacienda a las Cortes. Se está, por lo tanto considerando un incremento del 61,2 por ciento.

Las cuestiones relacionadas directamente con el patrimonio cultural, entendido en un sentido amplio, se financian a través de tres programas presupuestarios: el de promoción, fomento y apoyo a la acción cultural (que engloba la promoción de la lengua española), con una partida de 51,48 millones, y los de patrimonio histórico (sensu stricto) e investigación y sectores, que suman 24,75 millones de euros más. Se excluye de este cálculo el programa de dirección y secretaría que sirve, fundamentalmente, para financiar el propio funcionamiento de la Consejería y que se nutre de otros 19 millones.

En este sentido, el anteproyecto recalca que “forman parte del patrimonio cultural de Castilla y León el patrimonio lingüístico, documental y el bibliográfico”, y defiende que integran el patrimonio lingüístico de Castilla y León las diferentes lenguas, hablas, variedades dialectales y modalidades lingüísticas que tradicionalmente se hayan venido utilizando en el territorio.

En el anteproyecto, la Consejería de Cultura defiende que la nueva normativa “concreta la inversión pública en el patrimonio cultural, con el objetivo de apoyar su gestión y favorecer un desarrollo sostenible en el territorio” y justifica la eliminación del uno por ciento cultural en superar una “consideración compensatoria” de estas medidas para prevenir “un eventual menoscabo de los valores culturales que la ejecución de una obra pública pueda causar”.

Otras novedades

Otras novedades que contempla la norma incluyen la creación del Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León, un instrumento para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público, que pretende “dar mayor seguridad jurídica y facilitar la participación de la ciudadanía”. En este registro, que “estará en permanente actualización”, se inscribirán los Bienes de Interés Cultural, los bienes inventariados y demás bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León documentados por la Consejería de Cultura y Turismo, como autoridad competente.

Asimismo, recoge la “creación por Ley” del Sistema de los Caminos a Santiago en el territorio de Castilla y León, con el objeto de “preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela, garantizando la gestión de este bien complejo mediante la clasificación de los diferentes caminos atendiendo a su naturaleza”. Así, especifica que los Caminos a Santiago que forman parte del Sistema de Patrimonio Cultural son el Camino de Santiago Francés (ruta principal asociada a la peregrinación a Santiago a su paso por la Comunidad), los Caminos Históricos a Santiago (que a lo largo de los tiempos han constituido rutas de comercio o de transporte con una clara adscripción a la peregrinación jacobea) y los Caminos Tradicionales (en los que se incluyen rutas de comunicación cuya función como vía de peregrinación a Santiago no es predominante respecto a las funciones que han desarrollado a lo largo de los siglos).

Otra reseñable novedad es que, “de forma excepcional”, podrá declararse Bien de Interés Cultural la obra de autores y autoras vivos, siempre y cuando dos de las instituciones consultivas contempladas por la normativa (reales academias, el CSIC, las universidades de Castilla y León, las academias científicas y culturales, los colegios profesionales o las juntas superiores del patrimonio histórico español) emitan informe favorable y medie autorización expresa de la persona propietaria, o la adquisición de la obra por la Administración. 

Asimismo, el anteproyecto incluye un apartado específico en su artículo 35 dedicado a los agentes sociales y gestores de los bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el que se regula la competencia de la Junta de Castilla y León y se detalla el papel que tiene la Comunidad en este reconocimiento.

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Desde la Consejería de Cultura y Turismo recalcan que la nueva normativa surge en un “contexto sociológico” que demanda una nueva regulación sobre el patrimonio cultural “más cercana a la ciudadanía”, que lo entienda como “un servicio a las personas y como un recurso capaz de generar desarrollo y cohesión social”. 

Es por ello que busca conseguir “mayor compromiso con la sociedad” e incorporarla al ámbito de la gestión, para dejar de considerar el patrimonio cultural como “legado del pasado” y pasar a considerarlo como “un recurso imprescindible para nuestro futuro, dado su incuestionable valor educativo y social, su considerable potencial económico, así como su importante dimensión en la cooperación internacional”.

En la exposición de motivos preliminar, subrayan que “la sociedad camina hacia la digitalización y por ello la gestión del patrimonio cultural debe ser digital”, antes de aclarar que “la implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación requiere que el patrimonio cultural sea documentado y difundido en soporte digital”. 

“Esta transformación digital constituye una oportunidad para la documentación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural, generando un conocimiento añadido y la posibilidad de intercambio e interrelación con las estrategias de gestión eficiente y participativa”, esgrimen.

“El patrimonio cultural deja de tener el carácter exclusivo de legado del pasado, para pasar a considerarse como un recurso, dado su incuestionable valor educativo y social, su considerable potencial económico, así como su importante dimensión en la cooperación, tal y como ha reconocido la Unión Europea”, concluyen.