Arranca el final del juicio por las prejubilaciones

A.M.
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Arranca el final del juicio por las prejubilaciones

Esta mañana han arrancado en la Audiencia Provincial las últimas sesiones de la vista oral por el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia, por 17,2 millones de euros.

Tras la presentación de las conclusiones definitivas, las partes valorarán la prueba testifical y documental para demostrar si ha habido delito de apropiación indebida agravado por otro de administración desleal,  o no,  por los que se acusa a tres exmiembros del consejo de administración y otros tres altos directivos, o  responsabilidad a título lucrativo, para otros cinco exmiembros del comité de dirección y la compañía Caser. Tras el desfile de unos cuarenta testigos, hoy las acusaciones comenzarán con su exposición, para continuar con las defensas de quienes aparecen como responsables a título lucrativo, para seguir, previsiblemente el jueves, con las defensa del resto de acusados, quienes tendrán la última palabra antes de quedar visto para sentencia.  

Durante el proceso se retiró la acusación popular de la Confederación Sindical de Cajas, mientras que las acusaciones particular y popular han modificado algunas de las solicitudes de penas. La particular, que ejerce la Fundación Caja Segovia pide dos años de prisión para Manuel Agudíez, Elena García Gil y Antonio Tapias, manteniendo tres para quien fuera presidente, Atilano Soto, y cuatro para el exdirector general, Manuel Escribano, y otros tantos para el exjefe de recursos humanos, Enrique Quintanilla.    

La acusación popular que ejerce IU, ha retirado la imputación como partícipes a título lucrativo de Oscar Varas, Juan Magaña, Juan Antonio Folgado y Malaquias del Pozo, manteniendo la del exdirector Miguel Ángel Sánchez Plaza. Las acusaciones piden que Caser sea considerada como responsable civil directo por el límite de las pólizas por 17,2 millones.

Las defensas han anunciado que, de resultar absueltos sus clientes, ya que entienden que no han tenido ninguna responsabilidad penal, igual que la Fiscalía, solicitarán el pago de las costas a las acusaciones por entender que han actuado de "mala fe".