La negociación Junta-sindicatos se encamina hacia la huelga

SPC
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El Gobierno propone aplicar la jornada reducida el 31 de marzo pero sujeto a condicionantes, algo que rechazan los trabajadores y avanzan que sin firma antes de las 14 horas de hoy se mantendrá el paro

Los consejeros de la Presidencia y Economía y Hacienda, Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo, se reúnen con los sindicatos ayer enValladolid. - Foto: Miriam Chacon (Ical)

Los 80.000 funcionarios autonómicos de Castilla y León estarán llamados a una huelga general mañana si antes de las 14.00 horas de hoy sindicatos y Junta no firman un acuerdo sobre la aplicación de las 35 horas. Algo que, tal y como reconoció ayer el presidente autonómico,AlfonsoFernández Mañueco,  «no es el fin del mundo». Un extremo al que llegan administración y representantes de los trabajadores después de que la reunión celebrada ayer terminase sin apretón de manos, después de que los sindicatos rechazaran la última propuesta de la Junta: aplicar las 35 horas el 31 de marzo de 2020, pero siempre sujeto a la existencia de presupuestos y otros requisitos, según detallaron los sindicatos. Una negativa ante la que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, respondió con una clara advertencia a los negociadores: «Si no se acepta, pondremos a trabajar a las mesas técnicas, pero sin prisa de fechas, porque ya habremos superado la fecha de huelga general». El consejero insistió en que la fecha se ha elegido para que todos los empleados públicos «puedan empezar las 35 horas en condiciones de equidad». «Y créanos, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para acotar esa fecha. Pocas más se podrán hacer. El 31 de marzo es una oferta que la Junta hace en el seno de la mesa de negociación. Si no se acepta esta fecha sería una pena porque habría fracasado», lamentó, para explicar que de pasar esta «oportunidad» el acuerdo estaría sometido a una «nueva normativa» diferente a la de 2018, tanto en objetivo de déficit como en otros pilares. «Ahora esos condicionantes los hemos cumplido. Si no se consigue ahora, el siguiente escenario será de total incertidumbre para los empleados públicos», subrayó.
El Gobierno regional realizó este planteamiento durante un encuentro que se extendió por casi tres horas en la sede de la Consejería de Presidencia, en Valladolid, para intentar alcanzar un acuerdo, y en el que los sindicatos mantuvieron su petición de que el acuerdo sea efectivo a partir del 1 de enero. Además, éstos reclamaron a la Junta que traslade por escrito este nuevo planteamiento ante la «desconfianza que han demostrado» desde el mes de mayo, tal y como coincidieron en señalar los representantes de los tres sindicatos: UGT, CCOO y CSIF.
Un encuentro del que emanaron dos estados de ánimo diferentes, toda vez que mientras que la Junta aseguró que las posturas «están cerca» y aún es posible desconvocar la huelga, los sindicatos respondieron que todo lo contrario. Si las dos partes no llegan a un acuerdo antes de las 14 horas de mañana, los representantes de los trabajadores pararán el 6 de noviembre.
Flexibilidad

En este sentido, Ibáñez destacó que el Gobierno  «ha flexibilizado» todas las posturas, desde la primera opción, que fue el 1 de diciembre de 2020, hasta la segunda, el 1 de junio. «Fruto de esa voluntad y seguir flexibilizando la posición, hemos puesto la fecha nueva del 31 de marzo», comentó el consejero, quien subrayó que la propuesta «nace de la consideración de los cuatro pilares» de este acuerdo y que enumeró: equidad de todos los sectores; garantías económicas de recursos suficientes para su aplicación; capacidad organizativa de todos los sectores, asegurando la prestación de servicios públicos de calidad; y que cuando la medida se implante se haga con sostenibilidad en el tiempo, sin nuevas pausas ni retrotraerse a posiciones previas». 
A su juicio, falta una «pequeña diferencia en el cuando se inicia su aplicación». Por ello, rogó a los sindicatos que analicen «el nuevo escenario razonable» y qué planteen si «celebrarán huelga general por tres meses de diferencia y si ello vale la pena». «Espero que todos podamos entender las circunstancias», prosiguió Ibáñez, informa Ical.
«Nos toman por tontos»

En este sentido, el secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Tomás Pérez, lamentó que la Junta «toma por tontos» a los empleados públicos porque siguen «sin cumplir» lo pactado en mayo de este año, cinco días antes de las elecciones autonómicas y municipales. «Esto no debería ser una chirigota. No es una mercado árabe. Los acuerdos están para cumplirlos», comentó Pérez, quien recordó que la Junta alegó al principio de la negociación motivos económicos, «pero dicen unas cifras, luego las niegan, y parece que no se llega a un acuerdo por cinco millones». El responsable de UGT tachó a la Junta de «dejar pasar todas las elecciones y ahora hacer lo que quiere». 
Por su parte, la representante de CSIF, Raquel Fernández, explicó que «a estas horas se mantiene la huelga convocada» ante las diferencias de fechas. «Nunca nos han dado un documento por escrito en reuniones anteriores», dijo, y recalcó que, en todo caso, los sindicatos exigen que sea efectiva el 1 de enero «para todos, y en aquellas categorías que no pueda ser por calendario se les daría un plazo». Esa desconfianza, añadió, motivó que los sindicatos prefieran «no valorar una oferta que puede ir hacia unas condiciones que luego no se cumplan». 
Por último, Ana Rosa Arribas, de CCOO, lamentó que la Junta «nunca trae nada por escrito» a unas reuniones «extenuantes». «El incumplimiento del acuerdo y la nueva propuesta nos hace desconfiar. Hablan del 31 de marzo como fecha dinámica; pero no lo es porque el sector educativo ya no lo cumple con el curso ya empezado», sostuvo. Además, señaló que ahora introducen «otro condicionante más, las ofertas de empleo público».



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