El impacto de la pandemia, constatación de un fracaso

D.S:
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La Mesa en defensa de la Sanidad Pública de Segovia reflexiona en este texto sobre las carencias que la epidemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto y que, en su opinión, se vienen denunciando desde hace tiempo.

El impacto de la pandemia, constatación de un fracaso anunciado - Foto: Rosa Blanco

Dos meses y medio después de haberse decretado el estado de alarma y el consiguiente confinamiento de la ciudadanía, teniendo en cuenta los efectos devastadores que la pandemia ha provocado en la provincia de Segovia, tanto en extensión de contagios como en número de fallecidos (en torno a 3.500 y 500 respectivamente a finales de mayo), impactando directamente sobre el sistema sanitario público, se imponen algunas reflexiones: 
1. La constatación de un fracaso anunciado. Como venían denunciando desde el inicio de las crisis del 2008 y los consiguientes recortes en los presupuestos de  los diferentes servicios públicos, y especialmente en los sistema público sanitarios, descentralizados y responsabilidad de los diferentes gobiernos autonómicos,  plataformas ciudadanas y de profesionales de la sanidad, comenzaron a salir a la calle para manifestar al conjunto de la ciudadanía las consecuencias que iban a tener sobre la salud de la población. El impacto de la pandemia  ha “desnudado al rey” de la supuestamente excelente sanidad pública con la que se llenaban  la boca los políticos gobernantes. .  España es el cuarto país que más ha recortado en su sistema sanitario desde el año 2009, cuando comenzaron los recortes por la crisis. antes de esta gastaba casi el 7% de su PIB en Sanidad. Hoy gasta poco más del 6 (6,2%). Eso significan 7.600 millones de recorte de gasto sanitario.  
2.  Afirmamos que la superación del colapso sanitario público se ha debido a la entrega de los profesionales por encima lo que podía exigírseles en cumplimiento de sus obligaciones. Muchos de ellos han contraído la enfermedad o incluso han fallecido, mermando los recursos humanos del sistema y siendo uno de los colectivos más expuestos al contagio. Denunciamos que esto, en parte, fue y es debido a la falta de equipos de protección adecuados y de pruebas que detectaran la enfermedad en momentos iniciales de su propagación, responsabilidad en primer lugar de la comunidad autónoma, de Castilla y León en nuestro caso. 
3. Médicos, enfermeras, técnicos, celadores, servicios de limpieza, servidores de las ambulancias, etc., todos han trabajado en unas condiciones de estrés que han impactado en su salud física y psíquica, así como en su entorno familiar. Esto no puede volver a suceder. Las personas que cuidan a personas no pueden estar expuestas a unas condiciones de trabajo en tal grado de presión que les impidan realizarlo de una manera digna y conforme a sus capacidades. Esto viene sucediendo antes de la aparición de la pandemia y ahora es el momento de volver a poner este tema sobre la mesa. Número de profesionales y condiciones de trabajo, incluida remuneración, deben ser  tenidas en cuenta para planificar, desde ahora mismo, las necesidades de un sistema sanitario cien por cien público en Castilla y León. A eso habría que añadir la evidencia de una falta de gestión interprovincial de la crisis con consecuencias nefastas. 
 4. El presupuesto público sanitario no puede ni debe ser desviado a una sanidad privada parasitaria, cuyo objetivo es declaradamente la obtención de beneficios  a costa de la salud de la mayoría de la población. No podemos seguir consintiendo derivaciones y conciertos a la privada como única solución de un sistema público que no llega a cubrir las necesidades de la población, que es para lo que fue diseñado. Esta privatización de la sanidad clasifica a los ciudadanos en función de su renta y les arrebata el derecho a una vida sana y protegida. Las pruebas diagnósticas deben ser realizadas con recursos públicos, en tiempo y plazo adecuados y las intervenciones quirúrgicas no pueden ni deben demorarse más de lo razonable, ni externalizarse a clínicas privadas.  
 5. La atención primaria ahora más que nunca es una prioridad básica. Castilla y León es una de las cuatro comunidades autónomas que más redujo su gasto sanitario en AP durante los años más duros de la crisis. Esa AP plena epidemia, con plantillas diezmadas por las bajas de profesionales infectados, atendió a domicilio, en el Centro de Salud o por teléfono al 80% de los enfermos que no precisaron ingreso hospitalario.  En este marco de recortes los pilares propios de la AP se han visto aún más afectados. Se ha perdido la Logitudinalidad al romperse la continuidad en la atención a las personas, por sus sanitarios habituales de familia. La Accesibilidad se ha limitado, en parte por la imposibilidad de mantener funcionales todos los consultorios locales y centros de guardia y en parte por el miedo de la población a molestar o a contagiarse si acudían a los centros sanitarios. La Integralidad dejando de lado el abordaje logístico de la población, así como el seguimiento de las personas con patología crónica. Los sanitarios han tenido dificultad para la detección de otras patologías diferentes al Covid 19 (hacer Covid -19 para dejar de hacer Covid-19) viéndose la atención fragmentada y abordándose solo algunos aspectos de la Integridad de las personas. Sabemos que los sistemas de salud centrados en AP obtienen mejores resultados en salud a un coste más bajo y que una AP potente regula el resto del sistema. Por eso el desarrollo de una política de AP como eje vertebrador del sistema, es más sostenible que la centrada en el consumo tecnológico hospitalario. Necesitamos una atención primaria de calidad adaptada a la dispersión y las características de una población envejecida. Su refuerzo exige profesionales y recursos a los que se tiene que responder sin demora. 
 6. Los recortes han afectado a las actividades asistenciales de la Sanidad  y también a las no asistenciales. Se han desmantelado instituciones dedicadas a la investigación epidemiológica. La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con servicios de Salud Pública fuertes, con capacidad para estudiar los problemas de salud de la población y capacidad de respuesta ante la amenaza de enfermedades emergentes. 
 7. Las UCIS tienen que ser reforzadas pues la pandemia que sufrimos es sólo un episodio de un problema al que deberemos enfrentarnos recurrentemente, según todos los expertos. Las camas hospitalarias deben ser suficientes y Segovia muestra una excepcional carencia al no contar con un segundo hospital y tener una ratio claramente inferior al resto de la comunidad. Ser previsores debe ser una de las lecciones que los responsables de la toma de decisiones deben aprender  de esta pandemia. 
 8. Segovia precisa con urgencia una segunda infraestructura hospitalaria, ya que es la única provincia castellano leonesa cuyo “complejo hospitalario” se compone de un solo centro: el Hospital General. Recordamos con bochorno la instalación de un segundo “hospital de campaña” por el ejército, adosado al edificio del H.G., en tiendas de campaña, cuando el virus era más mortífero. Una infraestructura precaria que no pudo ser habilitada ante la falta de camas, respiradores y profesionales. Sin embargo Segovia cuenta con un edificio de uso hospitalario en el centro histórico, el Policlínico, que fue abandonado hace unos años y que la desidia de la Junta desdeña rehabilitar para ponerlo en funcionamiento pese a las reiteradas demandas de colectivos ciudadanos (plataforma en defensa del Policlínico, asociaciones de vecinos, Medsapsg, Marea Blanca). Una lucha que no vamos a abandonar pese a los bandazos de los responsables de la política sanitaria de la Junta. Un hospital de estancias medias es una necesidad perentoria para la provincia de Segovia que seguiremos demandando sin descanso.  
 La construcción de un nuevo edificio nos parece que en estas circunstancias, es la peor de las soluciones por varias razones:  1 la más importante tiene que ver con  la urgencia  de que Segovia cuente con un otro hospital, construir uno nuevo sería diferirlo sine die; 2 que el Policlínico cuenta con estudios de viabilidad, que deberían actualizarse, como bien saben desde la plataforma en defensa del Policlínico;  3 que de la experiencia que tenemos los segovianos acerca de las promesas incumplidas de los responsables políticos de la Junta, nos induce a pensar que este un nuevo brindis al sol. 
 9. Las residencias de mayores merecen capítulo aparte, pues han sido una de las grandes protagonistas de esta crisis. El modelo de atención socio-sanitaria de las residencias ha demostrado ser un modelo fallido así como la gestión de la dependencia, de los que la Junta de Castilla y León ha presumido. Los supuestos “hogares” olvidaron el perfil de aquellos que iban a ocuparlos: personas de más de ochenta años en su mayoría, con pluripatologías y necesidad de cuidados sanitarios y de personal especializado (geriatras, médicos, etc,.). Desgraciadamente estos centros se han convertido,  gracias a normas legislativas autonómicas “ad hoc”, en un nicho de negocio floreciente de capitales, que han utilizado a los residentes como rehenes de suculentas plusvalías a repartir entre los accionistas de sus empresas, multinacionales en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, los requisitos de personal sanitario en las residencias se habían reducido hace sólo un año, y han sido excepción las residencias con infraestructura para poder separar a los infectados de los  no infectados. Muy pocas de  ellas son públicas, pero el dinero de los contribuyentes va al enriquecimiento ajeno pagando camas en residencias privadas. Pocos negocios hay más abyectos que obtener beneficios a costa de nuestros padres, abuelos, etc., descontándola de sus condiciones de vida (alimentación, cuidados…),  del número de los cuidadoras que deberían atenderles y de los emolumentos que en justicia les corresponderían. Las circunstancias en que se desarrolló la crisis fueron las siguiente: El día 14 de marzo se prohíben las visitas y la Gerencia de S.S. de la Junta señala que la extensión de la pandemia debe controlarse sin protocolos de posible  derivación de los enfermos a otros centros, sin el material de protección necesario y con el personal, ya de por si escaso y diezmado por las bajas (entre un 25%-35%).

Hasta el día 24 no se facilitan protocolos para solicitar medicación, tratamientos y sedación paliativa, con la finalidad de que los ancianos enfermos no tuvieran que ser movilizados ni derivados al Hospital General, cada centro debía valerse de sus propios medios humanos y materiales. Un documento hecho público por el Diario.es demostraba que la Gerencia de Servicios Sociales y la Consejería de Sanidad de la Junta de C. y L. ordenaron que no se realizase ningún traslado a los hospitales durante el pico de la pandemia. Un gravísimo escándalo. Estas circunstancias no deben volver a repetirse. Urgimos a la Junta para que tome medida ya para convertir en públicos estos centros, y exigir a los privados el cumplimiento de una normativa estricta que evite la repetición del bochornoso espectáculo que hemos vivido,  dotándolos de los medios materiales y humanos que los mayores se merecen y ajustar su modelo a las necesidades de atención sanitaria que no deben descuidarse.  

10. Segovia Rural. Los pueblos de Castilla y León están comenzando ya la desescalada pasando a la Fase 1, en el camino de volver a una nueva “normalidad”. Por ello pedimos que la actividad sanitaria recupere esa “normalidad” para la tranquilidad de la población y la atención de sus afecciones. Cada zona básica de salud tiene su propia realidad, y por tanto habrá que avanzar teniendo en cuenta las circunstancias de cada una de ellas. Esta “normalidad” pasa por lo siguiente: 
 a) Es necesario dotar a cada zona Básica de Salud de los medios personales (profesionales sanitarios)  y técnicos (internet, en consultorios, ambulancias, urgencias…) que garanticen la atención de las personas, con independencia del pueblo, barrio o localidad en la que residan. Es importante en este momento que se contemple cómo se va a afrontar esta situación y, sobre todo,  en lo más inmediato, este verano, con las vacaciones necesarias de los profesionales, y la afluencia de personas vinculadas a nuestros pueblos.  

b) Actívense los programas de prevención y educación sanitaria para la población, en este momento con especial atención a las medidas de seguridad contra el covid-19. Y formación para el personal sanitario. c) Deben activarse los consejos de salud, promoviendo la participación en cada zona.  d) Es necesario coordinar servicios sanitarios, y sociales, con el fin de mejorar la atención especialmente a las personas más vulnerables. 
Como hemos visto la pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias que los recortes en servicios públicos han sufrido todo el territorio Nacional y en particular en nuestra comunidad autónoma.  También nos hemos dado cuenta de la importancia de tener un buen sistema sanitario público universal y de calidad, así como del compromiso incondicional de sus trabajadores en los momentos críticos. Mención especial habría que hacer a la AP del medio rural por la complejidad de la distribución de la población a la que atiende y por la incertidumbre de la reforma, que antes de la pandemia tenía planificada la Consejería de Sanidad.  Ahora más que nunca, continuamos apoyando a la Sanidad Publica y exigimos a la Junta de Castilla y León que asuma una serie de medidas a corto y medio plazo, para que en el futuro se evite no sólo el colapso vivido en el hospital General de Segovia, sino en AP donde van a recaer en los próximos meses la captación y seguimiento de las personas afectada por el Covid -19. Es preciso volver a retomar todas las consultas de crónicos aplazadas, atender como siempre las patologías agudas no Covid-19 y el resto de necesidades de salud de la población, las listas de espera no pueden demorarse más. 
Y para ello es necesario: 
• Financiar el SNS hasta alcanzar el 7,2% del PIB. En AP alcanzar el 25% del total de la financiación.  Aumentar los recursos tanto humanos como materiales para afrontar las nuevas tareas derivadas de: 
• La pandemia Covid -19  
• El aumento de la población desplazada que se espera para este verano, sobre todo en las zonas rurales.  
• Las bajas por enfermedad 
• Las vacaciones reglamentarias que disfrutarán una buena parte de los sanitarios en el periodo del 20 de junio al 30 de octubre, instrucción dada por la Consejería de Sanidad que obliga a los profesionales a cogerse al menos 15 d de vacaciones en ese periodo, que históricamente es cuando la población en el medio rural se duplica y triplica.  

Esta situación supondrá un aumento de la demanda de sanitarios y nos preguntamos: 
o ¿Qué planes tiene la consejera para evitar que este verano como cada año, pero más en este momento tan especial, la ausencia de profesionales no constituya un verdadero riesgo sanitario? 
o ¿Qué va a ocurrir en otoño/invierno cuando a los casos de gripe anual, se añadan todo tipo de procesos respiratorios y se pueda producir, como algunos expertos vaticinan y dada la baja tasa de infectados que el estudio de seroprevalencia ha puesto de manifiesto en España, un nuevo brote de coronavirus? ¿Se tienen previstos stocks de material de protección en los centros de salud? 
o Estas situaciones no serán inesperadas, sabemos que ocurrirán pero ¿Con qué recursos humanos y materiales nos enfrentaremos a ellas?, ¿con los mismos que todos los años producen una situación caótica en AP en la época estival y en el momento álgido de la gripe? 
Por ello precisamos de una planificación con antelación de estos recursos y de la fidelizaciçon de profesionales con contratos de trabajo dignos y estables.