Los juzgados reciben con dudas las medidas 'anticolapso'

Nacho Sáez
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El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia vaticina que los principales problemas se concentrarán en los juzgados de lo Mercantil y de lo Social, para el que se ha solicitado un magistrado de refuerzo.

Expdientes acumulados en las estanterías e incluso en el suelo en un juzgado segoviano. - Foto: Rosa Blanco

Antes de que comenzara esta situación inusual, la única empleada del Palacio de Justicia de Segovia que tiene su mesa de trabajo en los pasillos, a la vista del público, se esforzaba en que abogados, procuradores y clientes se mantuviesen en silencio en la medida de lo posible en esas estancias comunes, dado que además, junto a su puesto, se encuentra una de las dos salas de vistas que tiene el edificio. Ahora, en cambio, se echa de menos el bullicio, solo de regreso cuando funcionan las máquinas de los obreros que trabajan en lo que era la casa del fiscal jefe y en parte de la del presidente de la Audiencia Provincial para habilitar espacio y que se pueda trasladar allí el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis, desplazado por el nuevo Juzgado de lo Penal. Salvo para los procedimientos esenciales, el estado de alarma ha frenado el engranaje judicial: plazos sin vencer, asuntos pendientes de presentar, juicios a la espera de fecha y hay quien anuncia una avalancha de reclamaciones de los perjudicados por la pandemia. La posible y temida consecuencia, el colapso. 

Sin embargo, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, no cree que se vaya a producir en Segovia. Habrá que recuperar el tiempo perdido en el ámbito civil y se espera más carga de trabajo en materia mercantil y social, pero no prevé una inmersión en el peor escenario. «A ver cómo evoluciona pero es una pena que, ahora que dejábamos atrás la crisis anterior, ocurra esto, que puede provocar un aumento de los concursos de acreedores y seguro que de los litigios por despidos y el resto de temas laborales», señala en conversación con El Día de Segovia. Para paliar esa problemática, el Juzgado de lo Social se puede beneficiar de la llegada de un magistrado de refuerzo que se había solicitado, aunque todavía no está confirmada.

No parece que sobre ninguna ayuda para tratar de recuperar la normalidad lo antes posible. Un objetivo que el Ministerio de Justicia se ha propuesto alcanzar con una serie de medidas extraordinarias. El Real Decreto-Ley de Medidas Procesales y Organizativas aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril declara hábiles para todas las actuaciones judiciales del 11 a 31 de agosto, a excepción de los fines de semana y festivos. Una medida que ha generado rechazo especialmente entre los colectivos de abogados y procuradores. «Hay muchos funcionarios de la Administración de Justicia que vienen en agosto y se cogen las vacaciones en otro momento. El problema es para los profesionales. Si no hay un periodo inhábil común, ellos no puede cerrar nunca. Y más en ciudades como Segovia, donde la mayoría de los despachos son unipersonales», argumenta Pando, al que también le suscita dudas otra de las posibilidades planteadas por el decreto ‘anticolapso’, pendiente al cierre de esta edición de ser convalidado por el Congreso.

Se refiere a la invitación a potenciar los procedimientos telemáticos. «Si de lo que habla es de impulsar el expediente digital supongo que se está dirigiendo a otras comunidades autónomas, porque aquí ya está implantado. Los juicios no se pueden hacer telemáticamente. Que un testigo declare por videoconferencia es habitual, pero una multiconferencia para llevar a cabo una vista no me parece posible», apunta el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Observa una posible vulneración de derechos. Por eso, su idea es comenzar a fijar señalamientos presenciales para junio o julio con un cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. El protocolo sanitario impide de momento que puedan trabajar al mismo tiempo todos los funcionarios por falta de espacio para respetar la distancia social, pero la Audiencia Provincial por ejemplo ya funciona con la mitad de su plantilla, que ha recibido equipos de protección individual. El Palacio de Justicia se prepara para la ‘nueva normalidad’ y espera recibir mámparas para los órganos con horario de atención al público y para el Juzgado de Violencia de Género, que centraliza actividades en el despacho de su titular cuando las dos salas de vistas existentes se encuentran ocupadas.

El Ministerio de Justicia presentó este jueves a las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales el las fases de desescalada, que serán cuatro y se prevé que la duración de cada una de ellas sea semanal, aunque dependerá de la «evolución de la pandemia». La reincorporación de los funcionarios será «progresiva», salvo los Registros civiles que tendrán mayores porcentajes de plantilla. La primera fase se iniciará el próximo martes, con una incorporación del 30 o 40 por ciento de la plantilla. Una semana después se prevé que tenga lugar la segunda fase, que implicará una incorporación del 60 o 70 por ciento de funcionarios de la Administración de Justicia. Y, para la tercera fase se pretende que la totalidad de la plantilla se reincorpore, además de que se levante la suspensión de los plazos procesales, tal y como informa Efe.