La ganadería vive un momento complicado. A pesar de abastecer de alimentos a toda la población, esta actividad no está debidamente reconocida ni por las administraciones ni por los ciudadanos. Se trata de un oficio duro, sacrificado, sin días libres y en constante inestabilidad por su dependencia de otros sectores, principalmente el de las materias primas con las que se elaboran los piensos.

Y dentro de este sector, los criadores de vacuno de leche son probablemente los más atenazados. A un constante aumento de los costes de producción se une una nula subida de los precios de la leche en origen desde hace ya demasiados años y la nueva zancadilla que ha supuesto la pandemia, que, si bien no ha afectado demasiado al consumo de leche, sí ha hecho descender el valor de los terneros, que deberían suponer una fuente de ingresos adicional para las granjas y actualmente generan pérdidas más que otras cosa.

Pero esto no serían más que palabras si no lo corroboraran los números: desde 2015 se han perdido más de mil explotaciones de vacuno en España; Castilla y León, uno de los casos más sangrantes, ha visto cerrar 600 granjas de este tipo en los últimos siete años y cuenta ahora con alrededor de 900.

La aprobación del R.D. 5/2020 de Medidas Urgentes para la Agricultura y la Ganadería, así como la transposición de la normativa europea sobre la Cadena Alimentaria, han supuesto la prohibición expresa de la venta de productos lácteos por debajo de sus costes de producción. Pero, ¿cuáles son los costes de producción?

La Asociación de Ganaderos Productores de Leche (Agaprol), que representa a más de medio millar de titulares de explotaciones de este tipo, exigía por escrito hace unos días al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la publicación de los costes de producción del sector, sin éxito hasta el momento, aunque parece imprescindible que la Administración haga públicos esos datos para poder iniciar con garantías la negociación de los contratos lácteos con las industrias. De hecho, la ley 8/2020 dice que «los costes efectivos de producción tienen que ser objetivos y que tengan como referencia datos de consulta pública, datos relativos a los costes efectivos de las explotaciones ganaderas publicados por el Ministerio de Agricultura».

Según explican en Agaprol, existe un estudio sobre estos costes encargado por el Ministerio a una empresa. Al parecer, la cifra que se ha obtenido en ese estudio es de 36 céntimos por litro de leche, aunque por motivos desconocidos no se ha hecho público de momento. Teniendo en cuenta que el precio medio que están recibiendo los ganaderos actualmente es de 31 céntimos de euro, se entiende que la situación de estos profesionales sea crítica. De hecho, Francisco Fernández, de Agaprol, explicaba que uno de los asociados guarda aún una factura de venta de leche de 1993 en la que el precio fijado es de 53 pesetas, es decir, el mismo que 28 años después si trasladamos la cifra a céntimos de euro.

El problema es que, casi tres décadas más tarde, el precio en origen de la leche es lo único que no ha cambiado. Porque en el caso de la alimentación de las vacas se puede apreciar un aumento brutal sin necesidad de irse más allá de unos meses atrás. Según Agaprol, el maíz ha pasado de 183 euros por tonelada (precio medio en fábrica) en octubre del año pasado a 225 en diciembre (incremento del 28%) y la soja 44, que costaba 323 euros por tonelada hace cuatro meses, llega hoy a 450 (un 45% más).

Maíz y soja son dos elementos imprescindibles en la alimentación animal y se debe tener en cuenta que las granjas de vacuno de leche tienen una gran dependencia de los piensos, ya que no suelen gestionarse en régimen extensivo por la dificultad que implica el manejo de los animales y disponer de pastos suficientes cuando las explotaciones cuentan con un número elevado de vacas.

Lo malo es que esta situación no es nueva, ni mucho menos. Históricamente el sector se ha quejado de su imposibilidad de negociar precios justos ante la posición de dominio ejercida por las industrias lácteas que les compran su producto. De hecho, en julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a varias de estas industrias (Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Lactalis Iberia, Industrias Lácteas Granada, Calidad Pascual, Nestlé España, Schreiber Foods España, Gremio Industrias Lácteas de Cataluña, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Central Lechera Galicia) una multa de 80,6 millones de euros por «prácticas anticompetitivas» entre 2000 y 2013, periodo durante el que se estima que se vieron obligadas a cerrar 20.000 explotaciones de vacuno de leche por los bajos precios. La CNMC consideró que las industrias habían utilizado prácticas ilícitas «manipulando y tergiversando la realidad, llegando a un acuerdo de reparto de productores e impidiendo que estos pudieran cambiar de industria, fijando precios y manipulándolos».

Aparte de esa sanción, hay una demanda interpuesta por parte de miles de ganaderos afectados por todo el país para intentar recuperar al menos parte de los beneficios que dejaron de ingresar durante esos años. Teniendo en cuenta que las entregas de leche realizadas a las industrias multadas ascendieron a 82,5 millones de toneladas en todo el territorio español, lo que dejaron de cobrar asciende a unos 2.427.135.000 euros en el caso de que la merma fuera de un 10%, que es la cifra mínima que se baraja en este caso.

Los terneros.

Las vacas lecheras no producen leche porque sí, sino porque se encuentran en periodo de lactancia. Y para lactar, antes han tenido que estar preñadas, por lo que las granjas generan terneros continuamente. De estos terneros, algunos se usan para recría (reposición de los animales que se retiran por diversos motivos) y otros muchos son destinados al engorde y posterior sacrificio. Pero de este proceso no se encargan las lecherías, que tienen que vender estos animales. Intermediarios se encargan de comprarlos y revenderlos a las instalaciones de cebo que los demandan.

La cuestión está en que, hasta el momento en que se venden, esos terneros han estado consumiendo leche. Con una semana de vida y unos 50 kilos de peso, ingieren unos ocho litros diarios, cifra que va aumentando según crece el animal hasta que cumple un mes, momento en el que se les suele dar salida. Para entonces, el gasto generado por el ternero ha superado los 70 euros, más o menos, que se está pagando ahora por ellos.

La pandemia ha cerrado el canal HORECA y la carne de vacuno se ha depreciado, ya que gran parte de este producto se destinaba a hostelería. Los mataderos matan menos, las granjas de engorde quieren menos animales y el vacuno de leche tiene que vender estos terneros al precio que sea, ya que no se pueden quedar en las instalaciones causando aun más perdidas. Una zancadilla más para el sector, aunque no la última.

Y es que el estiércol se va a convertir en un problema añadido. La nueva normativa obliga a cumplir unas condiciones para gestionar estos residuos que muchas pequeñas explotaciones no podrán afrontar debido a las altas inversiones que van a ser necesarias. Simplemente la construcción de un nuevo foso para almacenar estas deyecciones ya supone una cantidad de dinero difícil de asumir para muchos ganaderos. Y todo esto ocurre, paradójicamente, mientras la UE quiere potenciar el uso de estos subproductos para promocionar un abonado de los cultivos más sostenible y enriquecedor para los suelos.

En resumen, ser ganadero de leche es una continua carrera de obstáculos que la administración no parece muy dispuesta a allanar, a pesar de tratarse de un producto básico en la alimentación y a que somos un país deficitario que ha de importar el 25% de los lácteos que consume. Quizá el consumidor podría preguntarse qué hay detrás de los bajos precios de la leche en los supermercados y actuar en consecuencia.

Haciendo fuerza.

La Asociación de Ganaderos Productores de Leche (Agaprol) es la mayor Organización de Productores Lácteos (OPL) de España. Nacida hace ocho años por iniciativa de 210 ganaderos, hoy aglutina a 550 que producen 750.000 toneladas y están distribuidos por las mejores zonas lecheras de nueve comunidades autónomas. El reconocimiento por parte del Ministerio de Agricultura como OPL supone la habilitación de Agaprol como entidad promovida por la Unión Europea para negociar las condiciones de los contratos lácteos entre ganaderos e industrias. Este tipo de entidades disfrutan de un nivel de protección especial en el marco legislativo europeo, nacional y autonómico, puesto que la normativa reconoce la situación de debilidad de los pequeños productores frente a las posiciones de dominio de la industria a la hora de negociar sus contratos. Actualmente negocia contratos entre ganaderos y más de una veintena de empresas lácteas de todo el país tratando de que los productores obtengan unos precios justos con la independencia que le da financiarse solo con las cuotas de sus socios. Según explican desde la organización, «estar pegados al territorio no significa renunciar a conocer y participar de las medidas que se adoptan en los centros de toma de decisión, desgraciadamente tan alejados del medio rural donde se desarrolla la actividad ganadera».

Aparte de la negociación de los precios, la actividad promovida por Agaprol también alcanza la búsqueda de herramientas de reducción de los costes de producción para sus asociados, así como el impulso de una ganadería moderna y sostenible conforme a los criterios de bienestar animal y medioambientales impulsados desde las administraciones y exigidos por los consumidores.